La Junta pide política de Estado contra despoblación
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido una "política de Estado" para abordar las acciones contra la despoblación y ha reclamado al Gobierno una financiación autonómcia y local acorde con la realidad territorial de Castilla y León, además de una fiscalidad diferenciada estatal.
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Suárez-Quiñones ha defendido en el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, que se celebra entre hoy mañana en Albacete, las iniciativas puestas en marcha por la Junta en su lucha contra la despoblación, “preocupación que ocupa un lugar central y transversal en el diseño de nuestras políticas”.
El consejero ha destacado entre las numerosas actuaciones emprendidas en Castilla y León las referidas a los servicios públicos, infraestructuras y a la puesta en marcha de una fiscalidad diferenciada para el medio rural.
No obstante, Suárez-Quiñones ha concluido que el reto demográfico solo se puede abordar desde el consenso y la suma de esfuerzos como sociedad, “con políticas de Estado”, reclamando al Gobierno que complemente con una política fiscal estatal diferenciada la que se realizan algunas comunidades, como es Castilla y León, y, sobre todo, ha pedido una financiación autonómica y local acorde con la realidad rural, “donde se tenga en cuenta el envejecimiento, la baja densidad de población y el extenso territorio para poder llevar los servicios públicos con equidad a los ciudadanos cualquiera que sea el lugar donde vivan”.
Suárez-Quiñones ha participado esta mañana, junto a sus homólogos de Aragón, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, en la mesa redonda titulada ‘La acción de las comunidades autónomas frente al reto demográfico’, dentro del programa del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, que ha organizado la Federación Española de Municipios y Provincias y la Diputación de Albacete, con el objetivo de evaluar cuánto y cómo han hecho en materia de reto demográfico las instituciones y plantear nuevas líneas de actuación para “convertir despoblación en oportunidad”.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha reconocido que los datos sitúan a Castilla y León -la región más extensa de España y la tercera de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios, casi 7.000 entidades locales de población-, con un “importante riesgo de despoblación”, donde tres de cada cuatro entidades locales tiene menos de 500 habitantes, y una de cada tres tiene menos de 100 habitantes.
Fiscalidad diferenciada
El consejero dejó claro que tiene que haber unos servicios públicos de calidad, o una buena digitalización y conectividad en el medio rural, infraestructuras y actividad económica de la que vivir en el medio rural, “pero hay que ofrecer una discriminación positiva tributaria, una fiscalidad diferenciada, que entendemos que es la clave de la pervivencia de la población en el medio rural”.
El consejero entiende que en estos momentos “no podemos estar solas las comunidades autónomas, dado que los servicios que prestamos desde autonomías muy extensas, de población dispersa y envejecidas, han de satisfacerse con otro marco de financiación autonómica”, abogando por lo que ya pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2017, como es un pacto de Estado en el que se adapte la financiación autonómica y local a esta realidad territorial y poblacional, que cubra el importante mayor coste de la prestación de los servicios públicos, “una financiación autonómica que tenga en cuenta los servicios que prestan las administraciones autonómicas y locales al territorio”.
Añadió Suárez-Quiñones que “la fiscalidad diferenciada no puede quedar sólo a cargo de las comunidades autonómicas que la aplican, sino también el Gobierno de España, que debe aplicarla en el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de sociedades, o las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos y la fiscalidad de pequeñas empresas que están en el medio rural”. Sólo sumando esfuerzos, también los del Estado, se podrá revertir la situación que plantea este reto demográfico, que es común a la España interior y a la Europa interior, y que representa una de las más importantes luchas y desafíos de presente y de futuro.
