La Junta impondrá un impuesto a Endesa e Iberdrola por los residuos radioactivos de Garoña
La Junta de Castilla y León promoverá cambios fiscales para que Endesa e Iberdrola, propietarias al 50 por ciento de la central nuclear de Garoña a través de Nuclenor) paguen, previsiblemente a partir de enero de 2018 cuando entre en vigor el próximo presupuesto, un impuesto por del depósito de residuos radioactivos que guardan las instalaciones.
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La recaudación de este tributo se destinará a financiar un plan de empleo para los municipios afectados por el cierre de la central.
Se hará modificando el impuesto autonómico sobre afección medioambiental de producción y transporte de energía eléctrica que la Junta de Castilla y León creó en 2012 y que había excluido a la energía nuclear, pese a la sistemática petición de la oposición de que se incluyera a Garoña en este tributo en cada tramitación del presupuesto autonómico en las Cortes, que ha sido rechazada siempre por el PP.
Así lo ha adelantado el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que ha expresado la "profunda decepción" del Gobierno que presidente Juan Vicente Herrera con la "decisión política" que ha tomado el Ejecutivo de Mariano Rajoy de cerrar la central y la "soledad más absoluta en la que no hemos sentido en la defensa de la continuidad de Santa María de Garoña".
El presidente de la Junta ha enviado una carta a Mariano Rajoy reclamándole "liderazgo" para poner en marcha un plan de reindustrialización de la comarca del norte de Burgos, en el que aporten fondos todas las administraciones y también las dos empresas "que se han estado beneficiando de Garoña durante muchos años".
El vicepresidente de la Junta ha asegurado que es un "día muy triste para las mil familias" que viven directa e indirectamente de la central nuclear.
De Santiago-Juárez ha argumentado que el cierre de la central supone una muy mala noticia para Castilla y León y también para el conjunto de España, para las familias y las empresas, porque "nos hace más dependientes energéticamente y menos competitivos", al tiempo que ha augurado subidas en la factura de la luz.
El vicepresidente de la Junta ha recordado que el final de Garoña se inició por el "capricho político de José Luis Rodríguez Zapatero, al que siguió una «pésima gestión» del ministro Soria ("al que no le voy a dedicar ni un minuto", apuntó), y los cambios de rumbo sin explicación de las empresas propietarias.
Especialmente crítico ha sido De Santiago-Juárez con Iberdrola, a cuyos responsables ha reprochado que no hayan dado informado al presidente Herrera de los motivos que les llevan a no apostar por Garoña.
Denegación
La central nuclear de Garoña (Burgos) no podrá volver a funcionar y conectarse a la red, una vez que el Gobierno ha acordado hoy denegar la autorización de funcionamiento.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha explicado hoy la decisión en una conferencia de prensa sobre el futuro de la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012.
Nadal ha argumentado que las inversiones son muy significativas, que se trata de la planta más antigua en operación y que su aporte al sistema energético es poco significativo.
Se trata de una central nuclear de 466 megavatios de potencia eléctrica, una potencia significativamente inferior a la de las centrales nucleares que se encuentran funcionando en España, todas ellas con una potencia de más de 1.000 megavatios.
La decisión se produce una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase el pasado mes de febrero la reapertura tras dar el visto bueno a los criterios técnicos y estableciese las medidas de seguridad necesarias para que la planta pudiese volver a conectarse a la red.
La nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del parque atómico español, es propiedad de Nuclenor, participada por ENDESA e Iberdrola.
Iberdrola había manifestado su voluntad de no reabrir la central, mientras que Endesa había señalado que esperaba la decisión del Gobierno.
