La Junta dicta normas para elaborar los presupuestos de la Comunidad para 2026
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado hoy en el BOCyL las normas para elaborar los presupuestos generales de la Comunidad para 2026, un año marcado por diferentes incertidumbres y fortalezas.
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El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico de 2026 se elabora en un entorno internacional caracterizado por una elevada incertidumbre y una creciente complejidad geopolítica.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/07/29/pdf/BOCYL-D-29072025-1.pdf
La reactivación de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios ha generado una notable volatilidad en los mercados financieros globales. Las nuevas medidas arancelarias impulsadas por la administración estadounidense han provocado caídas significativas en los principales índices bursátiles y han incrementado la prima de riesgo exigida por los inversores.
Esta situación ha afectado negativamente al coste de financiación de gobiernos, empresas y hogares, lo que podría traducirse en una desaceleración del crecimiento económico mundial.
En el ámbito nacional, la economía española registró un crecimiento del PIB del 0,6 por ciento en el primer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, y del 2,8 por ciento en términos interanuales. Aunque estas cifras reflejan una ligera desaceleración respecto a 2024, el crecimiento sigue siendo superior al promedio de la Unión Europea y de la Zona Euro.
La demanda interna continúa siendo el principal motor del crecimiento, impulsada por una mejora del consumo de los hogares.
La inversión también mantiene una evolución positiva, mientras que el saldo exterior presenta una contribución negativa al PIB, debido a un menor dinamismo de las exportaciones en un contexto internacional adverso
En cuanto a la economía de Castilla y León, ésta ha mostrado un crecimiento interanual del 3,2 por ciento en el primer trimestre de 2025, igual al del trimestre anterior y superior al nacional y al europeo.
Este dinamismo se refleja en diversos indicadores como la tasa de paro regional, que fue 2,7 puntos inferior a la media nacional, o el número de afiliaciones a la Seguridad Social, que alcanzó en junio los 998.740 afiliados, el máximo histórico desde que existen registros.
El mercado laboral regional también ha mostrado signos de fortaleza, donde el número de ocupados creció por encima del promedio nacional, y el Índice de Confianza Empresarial se situó en 148 puntos en el tercer trimestre, el tercer mejor dato entre las comunidades autónomas.
En comercio exterior, Castilla y León se consolida como una de las regiones más dinámicas del país.
Las exportaciones crecieron un 11,6 por ciento en los cinco primeros meses de 2025, frente al 0,8 por ciento nacional, alcanzando los 8.651 millones de euros y situándose como la tercera comunidad con mayor incremento.
Asimismo, la inversión extranjera directa en la Comunidad alcanzó los 116,3 millones de euros en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto para ese periodo desde 2019, lo que refleja la confianza de los inversores en la estabilidad institucional y el potencial económico de Castilla y León que la convierten en un territorio idóneo para invertir y generar riqueza y empleo proporcionando al mismo tiempo un lugar de excelente calidad de vida para sus residentes.
En este contexto, el objetivo global del presupuesto para 2026 es integrar a la Comunidad plenamente en la economía del futuro, mantener su autonomía innovadora y a la vanguardia tecnológica, conseguir una Comunidad natural y sostenible, desde nuestro liderazgo en energías renovables, y asegurar para Castilla y León unos servicios públicos de última generación, mantenerlos y potenciarlos, avanzando, para ello, en los grandes pilares sobre los que se asienta nuestra sociedad del bienestar: la educación, la sanidad, los servicios sociales, las políticas de apoyo a las familias, la vivienda, el transporte y la protección ciudadana con la finalidad de mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades y garantizar la cohesión territorial.
Europa
La Comisión Europea ha validado el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo presentado por España para el periodo 2025- 2028.
Este plan establece los objetivos de gasto, las reformas e inversiones previstas, así como una senda de reducción del déficit y la deuda que deberán seguir todas las administraciones públicas durante dicho periodo.
No obstante, hasta la fecha no se ha definido la distribución de esta senda de crecimiento entre los distintos subsectores y administraciones, ni se ha llevado a cabo la transposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico nacional, cuyo plazo límite es el 31 de diciembre de 2025.
Esta transposición condicionará las reglas fiscales nacionales a partir de 2026, según ha advertido la Junta.
A este contexto se suman otras incertidumbres que afectan a la elaboración del presupuesto de 2026.
Entre ellas, cabe destacar que el Gobierno de España no ha presentado, hasta la fecha, proyectos de Presupuestos Generales del Estado ni para 2024 ni para 2025; que las Cortes Generales no han aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2025-2028; que no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta correspondientes a 2026 del sistema de financiación de régimen común; que sigue pendiente la posible asunción por parte del Estado de la deuda pública autonómica; que continúa la negociación para reformar el sistema de financiación autonómica con un gobierno nacional que ha iniciado un proceso de diálogo bilateral, que ha culminado en un acuerdo preliminar para establecer un modelo de financiación singular cuyo desarrollo impacta en términos de equidad, coordinación y cohesión del modelo multilateral.
Todo ello dificulta notablemente, según la Junta, la planificación presupuestaria a medio plazo y la elaboración de un presupuesto riguroso y previsible para 2026.
No obstante, y a pesar de este escenario de elevada incertidumbre, el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León ha asegurado que mantiene su compromiso institucional e impulsa la elaboración del presupuesto para dicho ejercicio, garantizando la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios públicos esenciales
