La Junta, decepcionada por rechazo a nuevas medidas
La Junta de Castilla y León ha valorado como decepcionante la nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que el Ministerio de Sanidad, nuevamente, ha rechazado la petición de la mayoría de las comunidades autónomas españolas en el sentido de facilitar nuevos recursos normativos con lo que hacer frente a la situación pandémica por la COVID-19.
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El Pleno celebrado ayer tarde bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darías, en lo que ha supuesto su primera participación como titular de la cartera ministerial sanitaria, ha evidenciado el enrocamiento y la continuidad de los planteamientos del Gobierno de la Nación, dejando a las autonomía el peso de la gestión de la actual crisis sanitarias pero desde un régimen normativo insuficiente para la toma de decisiones efectivas.
En esta reunión, nuevamente Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta han demandado la imprescindible necesidad de articular herramientas jurídicas válidas con las que abordar aspectos no cubiertos por el actual Real Decreto 926/2020 sobre el Estado de Alarma en vigor y, más concretamente, en lo referido a confinamientos selectivos y a la ampliación de los horarios del toque de queda.
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, durante su intervención, ha señalado la necesidad de que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan de mecanismos suficientes y legales con los que afrontar nuevas ondas pandémicas, no sólo la actual, habida cuenta la ralentización evidente por los problemas de suministro de la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19.
La opción a poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por varias comunidades, entre ellas Castilla y León.
Casado ha señalado que, en el caso de no existir voluntad del Estado al respecto de confinamientos y ampliación de la limitación de la circulación ciudadana, se habilite a las autonomías con opciones para ello, dotándolas de las herramientas legales que den cobertura jurídica a sus decisiones y apoyadas, además, en ayudas a los sectores económicos más afectados por esta situaciones limitativas, como son la hostelería y el turismo.
Sin embargo y a pesar de la coincidencia de varias comunidades en estos planteamientos, el Ministerio de Sanidad no ha dado respuesta alguna al respecto, ignorando así las demandas autonómicas.
Otras peticiones trasladas por la consejera castellana y leonesa para su debate y estudio se han centrado en la vacunación frente a la COVID-19 y aspectos más concretos de la gestión sanitaria durante la actual pandemia.
En lo referido a la estrategia nacional de vacunación y su traslación a las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León ha traslado su preocupación por la falta de dosis tal y como había sido planificada su disponibilidad, situación que no sólo conlleva un descenso actual del ritmo de inoculaciones entre los grupos prioritarios previstos, sino que genera una falta de certezas que complica enormemente la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar.
También Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos.
Al respecto de este último punto, la consejera de Sanidad castellana y leonesa ha informado de que desde su puesta en marcha, a finales de agosto del año pasado, la Comunidad ha enviado 104.511 códigos, recibiéndose únicamente 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, menos de un tercio, lo que pone de manifiesto una escasa efectividad de la misma; es por ello necesaria potenciar su conocimiento y uso, pero sin que conlleve en absoluto la reducción en la labor de rastreo de casos.
