La Junta analiza innovador sistema para evaluar residencias
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expuesto esta mañana ante expertos internacionales, instituciones y agentes del Tercer Sector Social las principales características del sistema “innovador” que ultima el Gobierno de Mañueco para medir y regular la calidad de los centros residenciales de Castilla y León.
Composición de comisión que decidirá sobre eutanasia
3.500 estudiantes recibirán clases de refuerzo
El proyecto tiene como objetivo último afianzar a esta Comunidad a la vanguardia en la protección a las personas más vulnerables.
La consejera ha abierto hoy junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Álvarez, una jornada organizada por el Ejecutivo autonómico en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con el fin de intercambiar opiniones y compartir experiencias acerca de la transformación de la política social a la que se enfrentan los países europeos.
En este contexto, Isabel Blanco ha explicado que su departamento continúa dando pasos en la tramitación de un proyecto de ley de atención residencial pionero, que recoge entre sus principios fundamentales la apuesta por la modernidad y la innovación, al introducir mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares europeos y desde un enfoque singular.
Así, frente a los sistemas de medición de calidad tradicionales –basados en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento de los centros o en los niveles de acreditación relativos a la aplicación de los protocolos y procesos prestablecidos– el modelo de evaluación por el que apuesta Castilla y León tiene como objeto central la calidad de vida de las personas, lo que implica el respeto a sus derechos y expectativas vitales y su participación en la comunidad.
“Una efectiva evaluación de la calidad de los servicios que se prestan debe medir, por lo tanto, la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales: debe verificar el respeto de todos sus derechos”, ha señalado la consejera.
Instrumento técnico y proceso de evaluación
El reto ahora es dotarse del instrumento técnico que preste soporte a esas evaluaciones. El anteproyecto de ley de atención residencial, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, encomienda al titular de la Gerencia de Servicios Sociales la aprobación de una herramienta que permita medir de forma objetiva aspectos como el respeto a la dignidad y libre elección de las personas usuarias de las residencias; la adaptación permanente de los planes de apoyo a sus proyectos de vida; los cuidados personales recibidos y la promoción de hábitos saludables, y los servicios y apoyos para la vida cotidiana.
El procedimiento de evaluación descrito, que se ejecutará de forma continua, dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos.
Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán con periodicidad anual en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir. Estas notas serán determinantes para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración.
Durante el debate con el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la apertura de la jornada, Blanco ha garantizado que el Gobierno de Mañueco se fijará en otras experiencias internacionales de éxito y buscará el máximo acuerdo con el sector en la definición de este sistema de evaluación de calidad.
De hecho, este espíritu participativo y de consenso inspira también el texto normativo, que en uno de sus artículos determina la constitución de un comité integrado por representantes del sector, de los proveedores de servicios y miembros cualificados de la sociedad civil, que ejercerá de órgano asesor y de impulso de la mejora de la calidad de los Servicios Sociales, “siempre bajo el principio de transparencia y sobre la base del conocimiento generado por la evidencia científica y el consenso entre los principales agentes del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública”.
Plazos de adaptación al nuevo modelo
La construcción completa del sistema de evaluación de calidad requerirá dos años, conforme a los plazos de adaptación previstos en el anteproyecto legislativo.
Así, en el primer año desde la entrada en vigor de la ley deberán estar definidos el régimen jurídico, la composición y funcionamiento del órgano asesor, y la dotación de profesionales encargados de realizar las evaluaciones.
En los seis meses siguientes se aprobarán los indicadores y estándares de calidad por los que se regirán las evaluaciones y, a continuación, se abrirá otro plazo de seis meses para comenzar a realizar estos exámenes.
Junto a la calidad y la innovación, la propuesta normativa de la Junta para los cuidados de larga duración se apoya en otros tres pilares más: el reconocimiento de la dignidad de la persona –lo que conlleva regular la forma en que se prestan los apoyos a los usuarios más vulnerables–; el modelo de atención centrado en la persona –que condiciona la organización y funcionamiento de los centros–, y la profesionalización de los cuidados –que determina el surgimiento de nuevos roles y perfiles–.
En este último punto, el borrador de anteproyecto estipula que la dotación de personal específica de cada centro deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura, los servicios prestados, el número de usuarios y las cargas de trabajo derivadas de los planes de apoyo a sus proyectos de vida.
La consejera ha indicado que, en todo caso, se ajustará a las ratios que se fijen en los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia, si bien ha agregado que Castilla y León no renuncia a ser “más ambiciosa” en estas exigencias, pensando en el bienestar de las personas.
