Junta y OPAS exigen al Gobierno que flexibilice protección del lobo
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias, mantiene su posición de exigir al Gobierno de España que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea.
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Ello implicaría, como primera medida inmediata, que la Junta recuperaría la capacidad de gestión de la especie, de la que fue privada por la Orden Ministerial del Gobierno de España TED/980/2021, de 20 de septiembre.
El 20 de diciembre pasado Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León, que había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de tomar el Gobierno la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya como estaba en el sur, retirando las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y a todas las comunidades loberas.
El Gobierno autonómico se ha posicionado en contra entendiendo que era una decisión meramente ideológica y no de conservación, adoptada de forma unilateral, de forma procedimentalmente irregular y en contra de la voluntad de las autonomías loberas y de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, que se sumaron a esta posición. También en contra de la representación del sector ganadero, constituida por las Organizaciones Profesionales Agrarias reunidas hoy en la Consejería.
A partir de ahí, la Junta, las OPAS y otros colectivos llevaron primero al Gobierno de España y la Orden Ministerial a los tribunales, pendiendo un proceso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional a su instancia, aún sin resolver.
Asimismo, la Junta acudió a las instituciones europeas, Comisión y Parlamento Europeo, así como a otras entidades representativas de los intereses de la ganadería europea, trasladando los problemas que esta decisión del Gobierno estaba causando.
Finalmente, el Parlamento Europeo se pronunció en el año 2022 proclamando su preocupación por los daños que los grandes carnívoros (lobo y oso) estaban causando a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos e incluso a las personas, e instó a la Comisión Europea a que adoptara medidas al respecto.
La propia presidenta Ursula Von der Leyen, a continuación, puso de manifiesto en un comunicado que efectivamente había una preocupación en Europa y que había que trabajar en ello, y dio instrucciones a los servicios de la Comisión Europea para que estudiasen qué hacer.
Después de diferentes iniciativas y encuentros que se siguieron produciendo por la Junta y otras organizaciones en Bruselas, la Comisión abrió un periodo de consultas en septiembre 2023 para que en Europa se pronunciasen los Estados, las Regiones y las organizaciones de todo tipo, y finalmente resolvió el 20 de septiembre de 2023 y decidió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar en Europa de una protección estricta a un régimen de simple protección. Ello implicaría modificar el Convenio de Berna, de carácter internacional, como trámite previo para modificar el régimen legal del lobo en el ámbito de la UE previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992
La posición europea es un importantísimo aval a favor de la tesis que ha mantenido la Junta de Castilla y León en la materia, y deja en evidencia la decisión del Gobierno de España de dictar por mera ideología una orden que catalogaba el lobo al norte del Duero como de estricta protección, dejando sin efecto el régimen de simple protección, único territorio que tenía este régimen -junto a una pequeña parte de Grecia-, sin que Europa lo hubiese exigido; una Europa que ahora pone de manifiesto que ese régimen de simple protección que el Gobierno eliminó al norte del Duero es el adecuado para todo el territorio europeo.
“La decisión del Gobierno de España ha sido una decisión absolutamente contraria a lo que ya se veía que Europa estaba considerando que era lo correcto, y que ahora se convierte en decisión.
Es decir, que el régimen que había al norte del Duero en Castilla y León, que era un régimen de simple protección que permitía la gestión de la especie por la Comunidad, es el que tiene que regir en toda Europa. Lo que hizo el Gobierno fue lo contrario, hacer estricta la protección al norte, como era al sur del Duero y en el resto de Europa, que ahora la Comisión quiere dejar sin efecto en toda Europa”, ha declarado el consejero.
Carta a la ministra
En la carta conjunta, que en las próximas horas remitirán la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, estas entidades solicitan “la inmediata derogación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre y la recuperación de la gestión de la especie al norte del rio Duero que regía hasta la misma”.
Se trata de una orden que, además, impide de facto la aplicación de medidas de gestión de la especie que, de forma extraordinaria, se venían pudiendo acometer al sur del Duero en el que ya regía un régimen de estricta protección por decisión de la Directiva Hábitats.
En segundo lugar, se solicita al Gobierno de España “que avance e impulse en el marco de la Unión Europea y de su representación en el Convenio de Berna, la modificación del estatus de protección del lobo previsto en la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, incorporando todas sus poblaciones de forma efectiva en el anexo V, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, de modo que no sólo recuperemos ya la gestión del lobo al norte del Duero sino que se extienda desde ese momento la capacidad de gestión al sur del Duero", algo que siempre se ha defendido por la Junta y por el sector ganadero.
En esta misiva también se pone de manifiesto que las medidas financiadas con la colaboración del Gobierno de España para la correcta compensación de los daños al ganado y para la implementación de medidas preventivas, son acertadas y tienen el apoyo del Gobierno de Castilla y León y de las Organizaciones Profesionales Agrarias. Sin embargo, no son suficientes, pues el número de ataques sigue creciendo y es necesario afrontar la gestión del lobo con una mayor flexibilidad, que es urgente acometer en el sentido anteriormente reseñado.
Para finalizar, el consejero, y los representantes de las OPAS, solicitan “encarecidamente” al Gobierno de España “que recupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable y la supervivencia del sector ganadero de extensivo"; un diálogo y consenso perdido en el año 2021 cuando se dictó la Orden Ministerial, y un diálogo y consenso Gobierno-comunidades, que había presidido, hasta ese momento, cualquier decisión que se adoptase sobre las especies silvestres.
