El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias se aprobará en 2021
La Junta de Castilla y León aprobará en 2021 el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, el acuerdo marco de Competitividad y el Plan Sectorial del Hábitat y la RIS3, según ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.
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Fernández Carriedo ha destacado que, antes de que finalice el año, la Junta aprobará el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que garantizará un mejor acceso de todos los castellanos y leoneses a los servicios educativos, sanitarios y sociales, reduciendo el impacto de la crisis causada por el coronavirus.
Asimismo, en 2021 se pondrá en marcha el nuevo Acuerdo Marco de Competitividad, que establecerá, como eje central de la política económica de Castilla y León, las líneas de apoyo empresarial prioritarias para los próximos seis años, lo que llevará a un crecimiento económico más sostenible y hacia la digitalización de Castilla y León.
El consejero ha apuntado que también se aprobará el Plan sectorial del Hábitat, que permitirá el aprovechamiento y la puesta en valor de los recursos endógenos de Castilla y León, así como el reforzamiento del tejido empresarial, incorporando centros de innovación territorial y polos de desarrollo rural.
A ello se une la aprobación de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), que integra las políticas de I+D+I y de Sociedad de la Información en la Comunidad, teniendo en cuenta un análisis de los desafíos actuales y aprovechando los puntos fuertes, y que permitirá incrementar la competitividad de las actividades económicas y de prestación de servicios públicos.
De igual modo, Fernández Carriedo ha puntualizado que se está trabajando en la elaboración del Proyecto de Presupuestos para 2022, un documento con el que se pretende que las cuentas de la Comunidad garanticen la calidad de los servicios públicos, impulsen la recuperación económica, apoyen al mundo rural y la lucha contra la despoblación, y orienten la Agenda 2030.
En este sentido, ha recordado que en 2021 se aprobó el mayor Presupuesto de la serie histórica, con un montante de 12.291 millones de euros.
Gestión de fondos europeos, fiscalidad justa y reducción de impuestos
Durante su comparecencia en las Cortes regionales, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado que, estos dos años de legislatura han estado marcados por la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado un triple impacto económico, social y presupuestario en la Comunidad.
A pesar de ello, Castilla y León ha cumplido el triple objetivo de acabar 2020 con una menor recesión, menor tasa de paro y menor deuda que la media de las Comunidades Autónomas, una situación que se mantiene en la actualidad.
Además, en este tiempo se ha acelerado la ejecución de los programas de fondos europeos 2014-2020 y se ha adoptado una postura proactiva en lo relativo a los Fondos europeos de nueva generación, posicionando a la Comunidad de cara a la gestión de los nuevos recursos.
Fernández Carriedo ha apuntado también que, en esta legislatura, se ha avanzado en una política fiscal moderada y justa con reducción de cargas impositivas, situando a Castilla y León como la Comunidad Autónoma con los beneficios fiscales más favorables para el apoyo a la natalidad y la familia, siendo la segunda Comunidad con la tarifa autonómica más baja en el IRPF y estando entre las tres Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural.
Otro de los aspectos a destacar en la labor desarrollada estos dos años ha sido la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes directos, lo que se traduce en un incentivo al consumo y a la inversión, favoreciendo el relevo intergeneracional, el crecimiento económico y la dinamización de la actividad productiva, además de estimular la demanda interna y la creación de empleo. Además se ha ampliado el plazo de presentación y pago durante cuatro meses del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que ha beneficiado a 71.685 contribuyentes por un importe de 141 millones de euros.
En su intervención, el consejero ha recordado que, en defensa de los intereses de la Comunidad, se ha reclamado el abono de 182 millones de euros correspondientes a una mensualidad no pagada del IVA por parte del Gobierno de España, obteniendo finalmente una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo. Asimismo, también se ha reclamado al Gobierno un fondo específico no reembolsable para hacer frente a los gastos extraordinarios del COVID.
