Cuenta atrás para las elecciones autonómicas
La publicación este martes del decreto de disolución de las Cortes regionales ha iniciado la cuenta atrás para las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Por delante, hay toda una tramitación administrativa.
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El próximo 13 de febrero, los castellanos y leoneses elegirán a 81 procuradores, el mismo número que hace 30 meses, en los comicios de mayo de 2019.
El reparto de escaños por circunscripciones será 15 representantes Valladolid; 13, León; 11, Burgos; 10, Salamanca; 7, Avila, Palencia y Zamora; 6, Segovia y 5, Soria.
Al momento decisivo de la votación hay que llegar con una serie de "deberes" bien cumplimentados.
El primero, tiene que ver con la Oficina del Censo Electoral, que el día 26 de diciembre los ayuntamientos deberán exponer el censo durante un plazo de ocho días para detectar las posibles irregularidades y los boletines oficiales de la provincia, el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas.
Para los partidos, el proceso administrativo comienza un poco después, el 29 de diciembre, con la designación del representante general de cada una de las candidaturas.
Aún con las uvas de la Nochevieja sin digerir las distintas formaciones y agrupaciones de electores que pretendan concurrir a la cita deberán presentar ante la Junta electoral los distintos candidatos, entre el 4 y el 9 de enero, que serán proclamados definitivamente el 16 de enero y publicados en el Bocyl el próximo día 17.
Las agrupaciones de electores que, como ya ha anunciado Soria Ya, quieran participar en los comicios deberán aportar, además, las firmas de al menos el 1 por ciento del censo electoral de la circunscripción por la que concurran.
Según la normativa electoral, la campaña electoral deberá comenzar a las cero horas del 27 de enero y, durante su transcurso, deberán celebrarse al menos dos debates entre los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos, es decir, las formaciones que lograron grupo parlamentario propio en los últimos comicios.
En los próximos días, una orden de la Consejería de Hacienda establecerá también las condiciones de la financiación de los gastos ocasionados por las elecciones.
La cantidad ha permanecido invariable desde los comicios de 2007 cuando se decidió fijarla en 10.205,62 euros por cada escaño conseguido; 0,40 euros por cada voto y una ayuda de 0,19 por cada elector para el envío de propaganda electoral a los partidos que consigan representación parlamentaria.
