Una quincena de investigaciones penales en residencias de mayores
Castilla y León ha acumulado una quincena de diligencias de investigación penales en residencias de mayores y personas con discapacidad desde el inicio de la actual situación de emergencia sanitaria a consecuencia de la expansión del COVID-19.
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Según los datos facilitados ayer miércoles por la Fiscalía General del Estado, a ellas se han sumado ocho preprocesales civiles o informativas para averiguar los hechos ocurridos, cuatro expedientes gubernativos y seis procesos judiciales.
La Fiscalía Superior de Castilla y León ha abierto una diligencia penal en un centro geriátrico de Valladolid a petición de una asociación.
Asimismo, su Fiscalía provincial ha actuado en seis residencias al considerar que los hechos denunciados tienen encaje en un delito contemplado en el Código Penal.
En León se han registrado dos. Una de ellas a raíz del fallecimiento en una residencia, que actualmente está en trámite, y otra que -tras la denuncia de un partido político - ha sido archivada al haber abierto el Juzgado de Guardia diligencias previas, y acordar el sobreseimiento provisional y archivo del caso.
Las muertes en una residencia de Salamanca han motivado otra de las actuaciones de la Fiscalía.
A ella se unen dos en Ávila, una en Burgos, una Soria y otra en Palencia. En este último caso, en trámite, a consecuencia de la "omisión de medios diagnóstico y de tratamiento".
Por otro lado, Castilla y León ha anotado ocho diligencias preprocesales -dos en León, dos en Ávila, una Soria, una en Segovia, una en Salamanca y otra en Zamora- que afectan varias residencias con el objetivo de recabar información para conocer al detalle qué es lo que ha pasado sin que ello implique que se vaya a formular una acusación al respecto.
De este modo, estas actuaciones se enmarcan dentro de la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a los expedientes gubernativos iniciados, un total de cuatro, se trata de procedimientos o vías administrativas para aclarar, entre otros aspectos, la cifra real de muertes a consecuencia de la pandemia.
Finalmente, los juzgados, que son los que pueden adoptar medidas cautelares, han abierto siete procesos por iregularidades en residencias.
Concretamente, han sido iniciados por los juzgados de Burgos, Briviesca (Burgos), Almazán (Soria), Arenas de San Pedro (Ávila), León y Valladolid.
La Fiscalía General del Estado ha explicado en un comunicado que esta información ha sido recabada por los fiscales superiores de las diferentes comunidades autónomas, "resultando que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores".
Además, ha hecho un reconocimiento a la "labor desempeñada por la inmensa mayoría de las residencias de personas de la tercera edad y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros".
