Podemos defiende que los juicios sobre las cláusulas suelo regresan a los partidos judiciales
Podemos de Castilla y León ha reclamado que los juicios obre cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas regresen a los juzgados de cada partido judicial, para no ser un sobrecoste para los habitantes del medio rural.
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Desde el pasado 1 de junio, los juicios sobre cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas sólo tienen lugar en las capitales de provincias. Con anterioridad, las demandas podían presentarse ante los Juzgados de Primera Instancia de cada partido judicial.
Este cambio supone que miles de personas afectadas por abusos bancarios en las provincias de Castilla y León tienen que desplazarse a sus respectivas capitales para reclamar judicialmente.
La nueva distribución de competencias judiciales, que ahonda en el deterioro de los servicios públicos que sufre las provincias de Castilla y León, donde se encuentran un gran número de municipios y cuyas distancias son muy amplias, tiene como único objetivo desincentivar las reclamaciones judiciales de las personas afectadas por las malas prácticas bancarias.
El cambio normativo abarca no sólo las cláusulas suelo, sino también otros abusos bancarios relacionados con las hipotecas, como la reclamación de los gastos notariales y registrales, el índice IPRH o las hipotecas multidivisas. El conjunto de la comunidad jurídica (abogados, procuradores, jueces) y las asociaciones de consumidores se oponen a un plan judicial que privilegia la posición de los bancos.
En Castilla y León, la situación es de máxima gravedad. Sirva de ejemplo el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca que se está viendo desbordado ante la avalancha de demandas sin que haya recibido personal de refuerzo, tal y como ha denunciado CCOO.
La consecuencia práctica del acuerdo del CGPJ es la supresión de los Juzgados de Primera Instancia que existen en las sedes de los partidos judiciales, de tal forma que las personas del medio rural con cláusulas suelo deberán acudir a la capital provincial e incurrir en costes añadidos.
"Consideramos que los poderes públicos deberían ponerse del lado de los consumidores en lugar de ayudar a una banca que acumula miles de sentencias judiciales en contra. Estas políticas llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular van en contra del mundo rural y todas las personas que viven en los pequeños y medianos municipios, colapsando los juzgados de las capitales provinciales", ha señalado Podemos en un comunicado.
