Las empresas regionales, décimas en emisión de facturas electrónicas
Castilla y León se ha situado en 2018 en la décima posición en emisión de facturas electrónicas con un 1,19 por ciento del total de los documentos emitidos a lo largo del año.
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Según el “Estudio sobre el uso de Factura Electrónica” realizado por SERES, empresa pionera y especialista desde hace 30 años en en soluciones de intercambio electrónico seguro de documentos.
Por volumen de empresas que emiten facturas electrónicas, Castilla y León representó en 2018 un 7,05 % del total; convirtiéndola en la quinta Comunidad en el ranking por empresas.
En el apartado de volumen de facturas recibidas, Castilla y León se sitúa en la undécima posición, con el 1,80 en 2018, bajando considerablemente con respecto al 3,82 % de 2017. Al analizar el volumen de empresas receptoras se sitúa en la cuarta posición con un 8,12 % frente al 7,72 % registrado en 2017.
En emisión de facturas, la provincia más activa fue Burgos (el 0,29% del total nacional) seguida de Valladolid (0,23%), Palencia (0,22%), León (0,14%), Zamora (0,12%), Salamanca y Segovia (0,08 %), Ávila (0,02%) y Soria (0,01%). En volumen de empresas emisoras, las de Valladolid representaron el 1,86 % del total, seguidas por las de Zamora (0,97%), Palencia (0,91%), Soria (0,88%), León (0,82%), Salamanca (8,80%), Segovia (0,44%), Burgos (0,32%) y Ávila (0,05%).
Por su parte, por volumen de factura recibidas, Burgos encabeza el ranking con el 0.40% del total nacional, seguida de Palencia (0,28%), León (0,27%), Salamanca y Segovia (0,17%), Zamora (0,15%), Ávila (0,06%) y Soria (0,03%Por su parte, por volumen de factura recibidas, Burgos encabeza el ranking con el 0.40% del total nacional, seguida de Palencia (0,28%), León (0,27%), Salamanca y Segovia (0,17%), Zamora (0,15%), Ávila (0,06%) y Soria (0,03%).
Finalmente, por volumen de empresas que recibieron facturas electrónicas, la primera posición corresponde a León y Valladolid con un 1,58 seguida de Burgos (1,53%), Salamanca (0,90%), Palencia (0,67%), Zamora (0,56%), Soria (0,54%), Segovia (0,44%) y Ávila (0,32%).
Total nacional
De acuerdo con el estudio, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España 2017-2018.
Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).
Según el informe, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas. También se ahorraron 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.
Por tamaño, la mediana empresa representa el 45,48% de las empresas emisoras y el 37,57% de las receptoras, la pequeña empresa reúne al 23,8% de las emisoras y el 26,17% de la receptoras, la gran empresa supone el 22,48% de las emisoras y el 24,48% de las receptoras y, finalmente, las micro empresas representa el 8,24% de la emisión y el 11,78% de la recepción.
La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en las Comunidades Forales – País vasco y Navarra- en enero de 2018 ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios, favoreciendo que muchas empresas vean la factura electrónica como una gran aliada para cumplir con la obligación. Algo asimilar se prevé que ocurra en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII en enero de este año.
Por su parte, la obligatoriedad de la factura electrónica para los subcontratistas de las AAPP ha tenido sus efectos y los seguirá teniendo en el futuro, como se aprecia el incremento de uso de la factura electrónica registrado en las operaciones B2G. La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas - en vigor desde 2015 - ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP españolas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.
