Crecen los procedimientos por violencia machista en la Comunidad

El número de procedimientos incoados por los órganos judiciales de Castilla y León sobre violencia machista fue de 6.469 el año pasado frente a los 5.927 de 2017, lo que supone un aumento del 8 por ciento, según recoge la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad.

Además, se aprecia un aumento del 10 por ciento en el número de calificaciones al pasar de 2.038 a 2.274 y en el número de sentencias, que fue en 2018 de 1.214 frente a 1.197 en 2017.

De nuevo el porcentaje de sentencias absolutorias, que en 2018 fue del 38 por ciento, ha ascendido ligeramente en relación con el año 2017 que fue del 30%.

Al igual que el año anterior, el delito más calificado ha sido el de maltrato ocasional, seguido del de amenazas y del de quebrantamiento de condena.

El mayor número de autores se concentra en la pareja de hecho, seguido de la expareja de hecho y en tercer lugar del cónyuge.

La pena mayormente impuesta es la de prisión seguida de la de trabajos en beneficio de la comunidad.

En el presente año se han dictado un total de 1.209 órdenes de protección.

De los 6.469 procedimientos incoados por violencia machista en la comunidad, 3.389 fueron diligencias previas (el 52 por ciento), 1.679 urgentes (26%) y 1.401 pertenecieron al resto (22%).

La Comunidad cuenta con dos Juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer en las ciudades de Valladolid y Burgos.

Sobre los sistemas informáticos, la Fiscalía de Burgos insiste en los problemas derivados de la digitalización de la justicia que considera no está pensado para las materias especializadas, en especial, respecto de los asuntos de los juzgados de provincia, viéndose obligadas las funcionarias encargadas a abrir manualmente y revisar todos los procedimientos que llegan a la Fiscalía para seleccionar los que son de violencia de género, tarea para la cual no siempre tienen formación.

Lamenta que no se haya producido ningún avance a este respecto no comprendiendo la dificultad que puede tener que el procedimiento venga identificado con las siglas "VG", o de cualquier otra manera que permita a la funcionaria correspondiente asignar, de forma inmediata, casi automática y con total seguridad, el procedimiento en cuestión a las fiscales especialistas.

Dificultad que es mayor en los procedimientos de familia en los que, con frecuencia, aunque la funcionaria los abra y los revise, no pueden ser identificados como procedimientos ligados a otro penal de violencia de género.

Por otra parte, varias Fiscalías (Burgos, León, Zamora y Soria) destacan la perfecta colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto con el Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional como con la Guardia Civil y las Policías Locales.

En el año 2018 hay que lamentar la muerte violenta en Burgos de una mujer a manos de su expareja. Se trataba de una relación de expareja, sin hijos. La víctima tenía 34 años y una minusvalía. A falta de los informes definitivos los hechos pueden calificarse como un delito de asesinato cometido con alevosía, al que se aplicarán tanto la agravante de parentesco como la agravante de género.

La víctima estaba protegida por una orden de protección habiéndose cometido el asesinato mediante quebrantamiento de la misma. El acusado se encontraba en busca y captura a raíz de un quebrantamiento anterior de la orden de protección.

También en la provincia de León hay que lamentar un episodio de violencia de género con resultado de muerte, en concreto en Astorga, en la madrugada del 24 de julio cuando el presunto autor, marido de la víctima en el domicilio en el que residían disparó a ésta con un arma de fuego, falleciendo la misma a consecuencia de ello. El procedimiento está en trámite.