TRIBUNA / Digitalización y privatización en la escuela pública
El colectivo Una ayudita para la educación pública, respuesta de miembros del sindicato CGT de Soria a la amenaza que, desde frentes diversos frentes se cierne sobre la educación, muestra su preocupación sobre la deriva de maquinización que está tomando la educación bajo la presión de las distintas administraciones públicas y las corporaciones que pretenden colonizar el ámbito de la enseñanza para su propio interés de negocio.
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TRIBUNA / Digitalización y privatización en la escuela pública
¿A qué obedece la urgencia por digitalizar forzosamente la educación? ¿Entraña realmente una apuesta por la mejora de la enseñanza?
Es sorprendente cómo las autoridades educativas que están impulsando esta "transformación digital" de la escuela son tan amablemente receptivas a la publicidad de las grandes corporaciones del negocio, publicidad que ofrece una versión idílica del reinado de las tecnologías digitales.
Sin embargo, bajo el paraguas de la coartada tecnológica se está, de hecho, silenciando la opinión y el saber de los docentes, así como evitando aceptar la controversia acerca del valor pedagógico de las máquinas y los entornos digitales.
El sistema practica la vieja estrategia de enfrentar la disidencia de dos formas: primero, con silencio; después, con cursos de re-educación.
La consejería de Educación de Castilla y León concibe un único proyecto educativo: la digitalización obligatoria de los centros y los profesores. En esto comienza y termina su política educativa.
En este sentido, no puede denominarse más que de un modo: totalitaria.
En su despliegue, los responsables de esa Consejería, los altos cargos, los asesores, los cuadros medios, los comisarios políticos nombrados digitalmente - a dedo- demuestran un extraordinario desinterés por atender al beneficio de los alumnos o al saber de los docentes.
Las capas dirigentes de la Administración prefieren seguir los dictados de la publicidad más burda e interesada antes que arriesgarse a un debate pedagógico serio acerca de las posibilidades reales y los riesgos de las nuevas tecnologías.
A la vez que se aferran a los eslóganes de las corporaciones empresariales del ramo y propagan una ingenua fe tecno-utópica, los responsables de la Administración desoyen cualquier atisbo de crítica y hacen como si no existieran estudios rigurosos acerca del pernicioso efecto de las nuevas tecnologías en los niños y adolescentes.
¿Cuál es, repetimos, el interés que impulsa la digitalización de la educación? ¿No debería una transformación tan descomunal de todos los ámbitos educativos incluir un debate con todos los segmentos afectados? ¿Por qué no se pide, al menos, la opinión de los docentes? ¿Por qué la Consejería no reconoce la existencia de disenso? ¿Por qué opera obedeciendo a un consenso imaginario, un consenso que sólo se da entre los responsables de la Consejería y las corporaciones tecnológicas que pretenden desarrollar sus negocios en los centros educativos?
El proyecto de digitalización de la escuela está acompañado de una impenetrable opacidad.
En estos últimos años se están gastando millones de euros en dotar a los centros de pantallas y dispositivos que casi nadie pide y, por supuesto, sin siquiera escuchar a los claustros, o las sugerencias y necesidades de los docentes.
En los institutos de Castilla y León, el curso pasado, cayeron de las alturas miles de pantallas digitales que nadie había pedido. No tenemos ni idea de cuánto pudo gastarse la Consejería en su adquisición, pero estamos hablando de millones de euros.
Sólo en cada uno de nuestros institutos cayeron cuarenta o cincuenta de esas pantallas, cuyo precio por unidad podría ser de ochocientos o mil euros. Aunque fueran cuatrocientos, estamos hablando de un negocio multimillonario.
Estos dispositivos son utilizados mucho menos de lo que su precio podría dar a entender, porque sus rendimientos pedagógicos son, en general, muy dudosos.
En muy poco tiempo, además, se convertirán en chatarra obsoleta, con lo que será preciso una nueva movilización millonaria para adquirir lo que en ese momento el mercado ponga a la venta, dejando de lado las necesidades reales de la educación: más profesores y un promedio razonable de alumnos por aula.
A pesar de todo, la Consejería de Educación de Castilla y León sigue adelante en su proyecto de digitalización forzosa de todo lo que se mueva. Business must go on.
El último movimiento de esta interminable partida de ajedrez radica en la formación del profesorado. Como en el caso de la educación de los niños y jóvenes, la formación del profesorado se ha convertido en una oportunidad de negocio. Es muy difícil encontrar formación en las especialidades científicas o humanísticas que los profesores de secundaria tienen que hacer llegar a sus alumnos; sin embargo, das un chasquido de dedos y te salen doscientos cursos para manejar aplicaciones digitales, ofertados amorosamente por la Consejería de Educación.
La jugada es sencilla: hacemos que los centros dependan del mercado de las innovaciones tecnológicas y, voilá, todo tiene que pasar entonces por las correspondientes empresas privadas que dominan ese mercado.
Los profesores no recibirán formación en física teórica o en filosofía , pero tendrán que estar constantemente renovando su formación en esta o aquella aplicación, este o aquel dispositivo, este programa o el de más allá. Esto viene a introducir una derivada más: la Consejería de Educación, bajo la coartada tecnológica, "se ve obligada" a realizar una privatización más o menos encubierta de la formación del profesorado.
La última oferta formativa que la Administración nos ha hecho llegar habla claramente de esto: una empresa privada responsable de una aplicación que se ha implantado forzosamente en todos los centros imparte la formación para utilizar esa aplicación. Lógico. La empresa en cuestión, por lo que podemos ver, es una ramificación de la enorme corporación que ha montado un enorme tinglado de negocios tecnológicos en Talavera de la Reina, la misma que habilita las redes sociales Facebook o Instagram .
En suma, la Consejería de Educación dice "formación" y, una vez más, quiere decir "oportunidad de negocio". Negocio para las empresas, negocio para los intermediarios, negocio para los comisionistas y los que se lucran con la digitalización y la privatización de la educación, pero sin ningún beneficio para el alumnado o para la labor educativa de los docentes.
Señora consejera de Educación de la Junta de Castilla y León: Qui prodest?
Fdo: Colectivo Una ayudita para la educación pública. CGT-Soria
