Listado de 79 medidas para luchar contra la despoblación en España
La Comisión de Despoblación de la FEMP no sólo ha ofrecido una radiografía ciertamente preocupante de la despoblación en España, que afecta especialmente a Soria. También ha apuntado las medidas que hay que aplicar para frenar esta sangría poblacional. Sepa su hoja de ruta.
Últimos días para solicitar ayudas en cuatro convocatorias del Plan Soria
Más del 90 por ciento de los municipios sorianos, en riesgo severo de extinción
La regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado y como tal ha de responderse a él desde una perspectiva de gobernanza multinivel que, en la práctica, conlleva la implicación de todas las administraciones públicas en todos sus frentes de acción, según la FEMP.
La realidad que se da en estos momentos es demoledora. El análisis de los datos, recogidos en un reciente informe emitido por la FEMP ("Población y despoblación en España 2016"), revela que la mitad de todos los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción; en 14 provincias españolas, más del 80 por cieneto de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes. 36 provincias han perdido población por una dinámica de regresión demográfica que sigue cebándose mayoritariamente en las áreas rurales.
Los datos no hacen más que subrayar la urgencia de poner en marcha decididas políticas de Estado que pasen de las palabras a los hechos, con un riguroso planteamiento de medidas prácticas e incorporando la lucha contra la despoblación como un principio a tener en cuenta en todos los planes y líneas de acción de las administraciones públicas.
Municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos en la estrategia estatal para la lucha contra la regresión demográfica y, en particular y muy especialmente, para frenar el fenómeno de la despoblación del medio rural, objeto nuclear del presente documento de propuestas de la FEMP.
Es necesario que la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica. Es necesario también que en su programación operativa y en su gestión participen activamente las entidades locales, para fortalecer en la práctica el principio de subsidiariedad y garantizar su aplicación con criterios efectivos de equilibrio territorial.
Las actuaciones que se promuevan desde la FEMP para enfrentarse a la despoblación del medio rural serán tanto más eficaces cuanto mejor se adapten a las características de los distintos espacios rurales y, por ende, a las prioridades demográficas que se detecten en ellos, y para ello es preciso definir, a priori, las principales áreas de trabajo en las que organizar las medidas que se planteen. La FEMP señala 7 áreas principales sobre las que ordenar las medidas que se plantean.
4.1 Medidas institucionales, financiación y modelo territorial
- Diseñar y poner en marcha una Estrategia Estatal contra la Despoblación.
- Dicha Estrategia Estatal tendrá como objetivo desarrollar una política integral de lucha contra la despoblación que, en los casos territoriales más extremos, deberán desplegar políticas activas de repoblación.
- Elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y unidades funcionales demográficas. Deberán definirse las zonas de prioridad demográfica, a partir de criterios objetivos de cálculo que establezcan los ámbitos de aplicación de los paquetes de medidas y el grado de cobertura según la realidad de cada zona (p.ej. zonas de riesgo extremo, zonas de riesgo alto y zonas de riesgo medio). Estos criterios de cálculo se fijarán atendiendo a la combinación de factores de densidad demográfica, envejecimiento, natalidad y pérdida de población.
- Redefinición de la categoría europea de Zonas Escasa y Muy Escasamente Pobladas. Extender el acceso a esa catalogación, y a la implantación de fondos especiales de inversión con aportaciones europea, estatal y autonómica, a los territorios azotados por la despoblación.
- Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, como entidades de referencia y liderazgo en las políticas de sostenimiento de municipios y entidades locales menores, atención a la población rural y representación de las entidades locales. Intensificar la orientación de las políticas de las Diputaciones hacia la corrección de desequilibrios demográficos en su ámbito territorial, mediante la garantía de los servicios públicos de competencia local y el fomento del desarrollo económico y social de carácter endógeno.
- Recuperar, de forma efectiva, la Ley de Desarrollo Sostenible por su impacto en las políticas de apoyo al medio rural. Recuperar los planes de zona de la Ley de Desarrollo Sostenible. Estos planes de zona pueden ser una escala de análisis y de intervención adecuada (estadísticas, agencias de desarrollo…) para aquellos territorios en los que no exista una delimitación supramunicipal, previa que funcione de forma operativa.
- A la hora de decidir las medidas a aplicar, tanto a nivel estatal-marco como a nivel autonómico, definir con claridad a quién corresponde la competencia (sea única o compartida) y, por tanto, establecer el compromiso por parte de esos agentes a poner en marcha dichas acciones.
- Promover activamente un proceso de simplificación administrativa y burocrática, y de revisión legislativa, para erradicar los frenos existentes en estos momentos para el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas que contribuyen a la reactivación del medio rural.
- Incorporar de forma explícita a los presupuestos de cada ejercicio de todas las Administraciones Públicas una estrategia demográfica, en la que se identifiquen los objetivos anuales en esta materia, los medios y recursos disponibles para alcanzarlos, así como una evaluación de la gestión y resultados del ejercicio anterior.
- Incorporar al procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, reglamentos de carácter general, y otros instrumentos normativos, incluyendo las ordenanzas y reglamentos locales de carácter general, así como al conjunto de los instrumentos de planificación de la Administración, un informe ex -ante sobre el impacto demográfico.
- Dotar en los presupuestos estatales, autonómicos y provinciales de un programa de incentivos adicionales a los actualmente existentes para promover la implantación de actividades económicas, con elevada creación de empleo, relacionadas con los recursos, la tradición o el entorno económico de las zonas de prioridad demográfica.
- Anualmente se presentará un informe de ejecución presupuestaria para cada línea de acción aprobada y una evaluación de sus efectos socioeconómicos en las zonas de aplicación-
- Revisar el modelo de financiación de las entidades locales en aras a que se reajuste el criterio de reparto para que los municipios y entidades locales menores que sufren la despoblación no salgan perjudicados –como ocurre ahora– por tener pocos habitantes, sino primados para garantizar su suficiencia financiera.
- Promover ante la Unión Europea, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas que la autoridad de gobernanza y gestión de los fondos europeos sea liderada por las entidades locales en las partidas destinadas al medio rural, y compartida en el resto de líneas sectoriales cofinanciadas por la UE. Todo ello para garantizar sus objetivos de convergencia y cohesión territorial, y evitar procesos de centralización.
- Promover ante el Gobierno de España y las instituciones de la UE que en los futuros debates sobre la nueva reglamentación de la política de cohesión se promueva un reajuste de criterios, en aras a que la asignación y cofinanciación de fondos comunitarios tengan en cuenta variables demográficas en escalas territoriales adecuadas (las medias provinciales, a menudo, aparecen desvirtuadas por la «bonanza» demográfica de grandes ciudades).
- Abrir una línea de financiación estatal de acciones socioeconómicas vinculadas contra la despoblación, dotada de un fondo propio con el que financiar tanto incentivos sociales como inversiones públicas y privadas en zonas de prioridad demográfica.
- Realizar, a través de la FEMP y con financiación estatal, un estudio de los costes para el sostenimiento de los servicios públicos locales en poblaciones de reducido tamaño, zonas de baja densidad, envejecidas o con núcleos dispersos, a efectos de su consideración en la financiación local con cargo a los tributos del Estado y de cada Comunidad Autónoma. Este estudio debe tener en cuenta tanto los servicios obligatorios por tamaño demográfico, como aquellos no obligatorios pero esenciales que están siendo prestados desde los municipios y las diputaciones.
- Adaptar y redefinir el concepto de “población vinculada” a los municipios con un mínimo periodo de residencia anual, que sirva para evaluar y cuantificar el coste del acceso a todos derechos y servicios locales tanto de los residentes como de la población temporal.
- Promover desde las Diputaciones, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el refuerzo de los Grupos de Acción Local, para que funcionen como auténticas agencias de desarrollo zonal, como escala esencial para la puesta en marcha de políticas activas, de movilización y atracción de iniciativas en el medio rural.
- Con carácter general, todas aquellas líneas de subvención existentes en cada Comunidad Autónoma serán reforzadas específicamente cuando los beneficiarios sean residentes en zonas de prioridad
demográfica.
- Evaluar, y, en su caso, promover la creación de incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.
- Considerar la creación de un fondo de guarda y custodia del territorio.
4.2. Economía y Empleo
- Establecer bonificaciones/deducciones especiales en impuestos de actividades profesionales y empresariales, así como en subvenciones a la contratación y en bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, para quienes desarrollen su actividad y tengan su residencia habitual en zonas de prioridad demográfica y, con carácter general, en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.
- Establecer bonificaciones/deducciones en el IRPF para los residentes en el medio rural, que incentiven la atracción de nuevos pobladores y que consoliden los censos demográficos ya existentes.
- Aprobar los Programas Territoriales de Fomento, con dotación presupuestaria, para zonas en las que concurran necesidades especiales de reindustrialización, ya se trate de zonas en declive o en las que proceda fomentar la implantación industrial, contando con la participación de las entidades locales en la elaboración y gestión de dichos programas (a financiar entre el Estado y las CCAA, con la concurrencia de fondos europeos).
- Promover un modelo PAC orientado a la producción de alimentos de calidad, basado en la agricultura territorial y en el modelo social basado en las explotaciones familiares, que tenga entre sus prioridades la incorporación de jóvenes, de investigación y tecnología al sector para incrementar su productividad y su sostenibilidad, y que favorezca la internacionalización de las empresas agropecuarias locales.
- Promover la incorporación y el acceso efectivo de las áreas rurales a los fondos y recursos del programa Ris3 de Especialización Inteligente de Unión Europea.
- Incrementar los fondos de incentivo e implantar servicios de asesoramiento técnico para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, tanto para dar continuidad a actividades ya existentes como para ampliarlas con la puesta en marcha de nuevas.
- Poner en marcha planes especiales de apoyo a autónomos y emprendedores del medio rural.
- Incorporar en la regulación del sistema financiero la obligación de las entidades de garantizar el acceso al sector bancario en el medio rural, en el marco de la garantía de derechos de la ciudadanía ante las instituciones financieras.
- Reforzar la financiación estatal y autonómica de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para que pongan en marcha nuevos planes de empleo local en obras y servicios de interés público, y refuercen los ya existentes, llevados a cabo en coordinación con los municipios y adaptados a sus demandas y necesidades.
- Promover, apoyar e incentivar iniciativas de mejora de la competitividad de la producción agropecuaria y agroindustrial (a pequeña y mediana escala), que permita incrementar el valor añadido en la cadena de comercialización.
- Impulsar sellos de calidad territorial para la producción local, que sean conocidos y reconocidos en la cadena de consumo, e incentivar la incorporación de esas producciones locales a los establecimientos de distribución (supermercados, grandes superficies…).
- Poner en marcha programas públicos de detección de nuevos yacimientos de empleo y nichos de oportunidades empresariales complementarias o alternativas a las tradicionales en las distintas áreas rurales, a fin de diversificar la economía rural. Recuperar o fomentar la relación entre comercialización y cercanía con el lugar de producción agropecuaria y de productos locales en general, fomentando su presencia en los mercados locales.
- Implantar líneas de apoyo, incentivo y asesoramiento para recuperar el pequeño comercio en las áreas rurales, que garantiza el derecho de acceso a los alimentos, desde una perspectiva supramunicipal, de forma que se fomente la cobertura de las necesidades de consumo en los distintos municipios, al margen de su tamaño.
- Establecer acciones que permitan garantizar complementos de renta a los activos residentes en el medio rural, favoreciendo su incorporación laboral a planes de empleo en obras y servicios locales y primando a aquellas empresas adjudicatarias de contratos públicos en el medio rural que contraten a activos residentes en dichas zonas.
- En zonas de fuerte presencia del sector forestal, desarrollar planes específicos de apoyo al empleo en este ámbito, con incentivos para el autoempleo, contratación de trabajadores y aprovechamiento de recursos endógenos (apicultura, madera, mueble, micología, resina, piñón…).
- Reforzar las líneas de incentivos a la creación de empresas y empleo en el sector turístico, apoyado en los recursos naturales y patrimoniales de dichos territorios.
- Avanzar en políticas que permitan una verdadera eficacia del fomento de la cotitularidad de las explotaciones agrarias y desarrollar las medidas del Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural.
- Desarrollar medidas orientadas a la formación y a facilitar el retorno o la búsqueda de oportunidades en las áreas rurales, apoyándose en el Fondo Social Europeo.
- Adaptar el Plan de Garantía Juvenil a la realidad rural.
- Reducir las cargas administrativas para la puesta en marcha de nuevos negocios o actividades productivas, impulsando servicios oficiales de proximidad a modo de ventanilla única y asesoramiento.
21. Promover la creación de fondos público-privados de concesión de avales y créditos blandos específicamente dirigidos a proyectos de emprendimiento en el medio rural. Implicación de inversores privados y entidades financieras, junto a administraciones públicas, en la dotación de dichos fondos (programa de Business Angels, entidades de capitalriesgo, capital-inversión…).
22. Reforzar las líneas de apoyo técnico, formativo y económico para potenciar la efectiva inserción laboral, profesional y empresarial de las mujeres del medio rural.
23. Extender y desarrollar programas de capacitación profesional en el sector agropecuario, y fomentar la figura del «contrato del territorio» que promueva y extienda las fórmulas de cooperación entre emprendedores-empresarios y la Administración.
4.3 Servicios públicos y sociales
1. Establecer, legislativamente, una carta de servicios públicos garantizados para los ciudadanos, y evaluar las dificultades de acceso a dicha cartera en el medio rural, con el fin de asegurar unas condiciones equiparables a las del medio urbano.
2. Diseñar, de acuerdo con las CCAA y las Diputaciones, y con la participación del Estado, planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como prioritarios) y sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural. El diseño de los modelos bajará al nivel supramunicipal, a fin de que responda a las peculiaridades y necesidades de cada territorio.
3. Establecimiento de fondos presupuestarios anuales para garantizar la prestación de servicios públicos y sociales en el medio rural, incardinados con la estrategia de lucha contra la despoblación. Los presupuestos de las CCAA en gasto social deberán establecer anualmente una evaluación de impacto demográfico y de ubicación en el medio rural, a fin de que los recursos económicos disponibles se gestionen teniendo en cuenta, como uno de los criterios esenciales de gestión, la lucha contra la despoblación.
4. Potenciar particularmente, en las zonas de prioridad demográfica, aquellos servicios sociales que favorecen la permanencia en el domicilio habitual, con la incorporación de TIC (caso de las prestaciones de ayuda domiciliaria, entre otras, y nuevos mecanismos que puedan definirse a futuro). Establecer a medio plazo un objetivo de incremento del 20% en la financiación a las entidades locales en esta materia, y estudiar el establecimiento de bonificaciones para el acceso a estos servicios en las zonas de prioridad demográfica.
5. Garantizar el acceso de la Educación de 0 a 3 años, con medidas específicas en las zonas de prioridad demográfica, incluyendo un programa de subvenciones a las familias para facilitar el acceso en todos los núcleos que no cuenten con este servicio.
6. Dotar un plan de acogida e integración a la población inmigrante extranjera –y evaluar los casos concretos de acogida a refugiados– con un programa de subvenciones a las entidades locales que se impliquen, en colaboración con las ONG y con la participación activa de los servicios públicos de la comunidad autónoma respectiva.
7. Como medida estructural, descentralizar la red de recursos asistenciales públicos –tales como residencias de ancianos públicas o incentivos especiales a la apertura de geriátricos privados–, para crear una malla de centros asistenciales descentralizados –infancia, juventud, ancianos, ayuda domiciliaria, residencias, centros de día…– que, además de permitir acercar la prestación de esos servicios a la población rural, suponga también un entramado de centros que contribuyan a acercar el empleo social a esos territorios.
8. Reactivar las líneas presupuestarias de la Ley de la Dependencia, para superar los recortes realizados en su aplicación tanto en el marco normativa como de financiación.
9. Recuperar la dotación de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia que optan por los cuidados en el entorno familiar, así como la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
4.4 Infraestructuras, comunicaciones y transporte
1. Realizar un análisis exhaustivo de estado de la red viaria de la que dependen las áreas rurales, para establecer prioridades y compromisos plurianuales de inversión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras.
2. Realizar un mapa de distancias -espacial y temporal- de acceso a los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y comerciales) y a las grandes infraestructuras (autopistas, autovías y ferrocarriles) para establecer un plan de prioridades en la ejecución de nuevas infraestructuras de acceso, concertado entre las AAPP competentes.
3. Establecer objetivos específicos de inversión anual para inversiones en la red viaria, de forma que quede garantizado un porcentaje mínimo en los capítulos presupuestarios que a tal fin aprueba cada Comunidad Autónoma.
4. Fijar las prioridades de inversión plurianual con el concurso de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, a partir de criterios técnicos objetivos.
5. Implantar programas coordinados Estado/CCAA/diputaciones para la recuperación del patrimonio monumental de las áreas rurales, evitando la actual dispersión de programas inconexos y reforzando las líneas de inversión de conjunto en este apartado.
6. Plan digital. Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad, con el objetivo de que antes de 2020 todos los hogares y empresas puedan disponer de conectividad con banda ancha de al menos 30 Mbps en, al menos, todos los municipios. Y que, como mínimo, en el mismo plazo, todos los municipios de más de 1.000 habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps.
7. Garantizar la universalidad del acceso telefónico y la calidad de las conexiones móviles, velando por favorecer el acceso a estos servicios a los colectivos más desfavorecidos en condiciones de igualdad.
8. Fomentar la formación digital de la población rural, especialmente de colectivos actualmente más alejados de las TIC.
9. Planes de aceleramiento de la implantación y desarrollo de la administración electrónica y extensión de las TIC en actividades educativas, culturales, empresariales y de ocio.
10. Revisar los actuales modelos de transporte público, para adaptarlos
a las condiciones reales de la demanda del medio rural, garantizar la
movilidad de la población, y corregir los déficits de servicios e
infraestructuras en estos espacios.
11. Instar a las Administraciones Públicas competentes a que, en el menor plazo posible, cumplan con las determinaciones de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en lo que se refiere al derecho a la vida independiente y a la garantía de la movilidad de las personas y a la accesibilidad al transporte, sobre todo en los servicios para el medio rural.
4.5 Vivienda
1. Reforzar, y personalizar a las necesidades de cada territorio, las líneas
de subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas que
sean primeras residencias.
2. Impulsar a nivel autonómico la adaptación de la normativa local de los
pequeños municipios a la legislación urbanística vigente.
3. Promover, desde las comunidades autónomas, planes municipales de
regeneración urbanística para pequeños municipios. Incorporar
soluciones técnicas y económicas ante casas abandonadas y en
situación de ruina.
4. Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a nivel
provincial a ofertar a aquellos que deseen asentarse en el medio rural,
incluso como segunda residencia –estableciendo normas que eviten la
especulación en las transmisiones a particulares desde la
Administración–.
5. Rehabilitación de inmuebles de la bolsa pública de vivienda rural
anteriormente indicada, estableciendo líneas de ayudas específicas
bajo estrictos principios de prudencia y viabilidad técnica
6. Elaborar planes específicos de acceso a la vivienda y rehabilitación
en las zonas de prioridad demográfica, con una convocatoria
adaptada a las necesidades de la población y a las características del
medio.
4.6 Incentivos demográficos
1.Instar a las Administraciones Públicas competentes a establecer ayudas especiales a la natalidad.
2. Las ayudas e incentivos a la natalidad podrán tener en cuenta las
características de los espacios rurales en cuanto a su prioridad
demográfica.
3- Estudiar, a nivel estatal y autonómico, bonificaciones impositivas
para familias con hijos residentes en el medio rural, en zonas de
prioridad demográfica. Se fijarán criterios objetivos para poder acceder
a estas ayudas (tiempo mínimo de residencia, tiempo de permanencia,
umbrales máximos de renta…), a fin de hacerlas socialmente justas y
demográficamente eficaces.
4. Fomentar servicios de guardería de proximidad para garantizar la
conciliación de la vida familiar y laboral, y sondear servicios de atención
infantil similares a los de ayuda a domicilio para ancianos, en aquellas
zonas en las que haya demanda suficiente.
4.7 Cultura-identidad-comunicación.
1. Mejorar la comunicación de la realidad territorial del medio rural.
2. Potenciar, con estrategias territoriales de comunicación, la difusión
de esa realidad y de las ventajas competitivas –sociales y económicasde
las áreas rurales.
3. Poner comunicativamente en valor la lucha contra la despoblación
del medio rural como fuente de riqueza patrimonial, económica y
medioambiental para el conjunto del país.
4. Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad
y los valores del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como sensibilizar a la población en su conjunto.
