Abundio Andaluz da voz a la campaña de AI contra la Ley de Amnistía
Amnistía Internacional ha elegido el caso del que fuera vicepresidente de la Diputación de Soria, Abundio Andaluz, represaliado en 1936, para su campaña contra la Ley de Amnistía.
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El pasado 17 de octubre la sección española de la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) salió a la calle para recordar que se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre).
Numerosos voluntarios menores de 40 años se dirigieron a la plaza madrileña de Antón Martín, junto al monumento a los abogados laboralistas de Atocha, asesinados en la transición para denunciar que la Ley de Amnistía no es su ley.
AI ha denunciado que la Ley de Amnistía “es una ley que se utiliza para proteger a personas responsables de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo”. Ha pedido al Gobierno español “que no se olvide de las víctimas del franquismo durante esta legislatura.”
Para ello está llevando a cabo una recogida de firmas en su página web que actualmente supera las 210.000. (https://www.es.amnesty.org/justicia/ley-amnistia/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20171017_ActoLeydeAmnistiaNF )
En el acto, AI ha contado con Ana María Andaluz, nieta de Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación de Soria asesinado en agosto de 1936 y exhumado hace escasos días.
En el vídeo que se ha difundido por redes sociales (https://www.youtube.com/watch?v=rNufIC9b8Wk ), Ana Andaluz habla de su asesinato y del desamparo judicial. AI asegura en su vídeo de la Ley de Amnistía que es “una ley que se utiliza para impedir la investigación de crímenes como el que sufrió el abuelo de Ana María” y que ” se utiliza para proteger a responsables de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo”.
En diciembre de 2016, la Asociación Recuerdo y Dignidad (ASRD) interpuso una denuncia por la desaparición-asesinato de Abundio Andaluz Garrido.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Soria decretó el sobreseimiento libre (definitivo) de la causa, a pesar de que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de delito (sic) de desaparición forzada de personas y homicidio, fundándose en un contexto de crímenes contra la humanidad.” Actualmente dicha decisión se encuentra apelada al Tribunal Constitucional.
En su página web, A.I. añade en su solicitud al Gobierno “que investigue y no ponga obstáculos a la investigación de las miles de desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos”. Y “que asegure el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas ellas, tal y como exigen las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional que España está obligada a cumplir.”