Convenio para parque público de vivienda en Ólvega
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han suscrito sendos convenios en materia de vivienda con los alcaldes de los ayuntamientos de Valladolid, San Andrés del Rabanedo (León) y Ólvega (Soria).
Ajudicado proyecto para mejorar trazado de SO-380
Podemos alega contra planes de cuencas del Duero y Ebro
Las actuaciones se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y están dirigidas al incremento del parque público de alquiler en 32 viviendas y contemplan una inversión global de 2.570.659 euros.
El primero de los convenios ha sido con el Ayuntamiento de Valladolid, para la adquisición de 15 viviendas con objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso, que comprará la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda. La inversión prevista asciende a 1.012.812 euros.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, León, financiará con cargo a este convenio el cambio uso de un edificio, ubicado en la Avenida de la Constitución, 179, que pasa de industrial/comercial a uso residencial en alquiler, y su rehabilitación completa para dotarlo con 5 viviendas de protección pública.
Posteriormente se calificará como viviendas de protección pública en alquiler y contará con una calificación energética mínima B. El coste de la actuación asciende a 377.821 euros.
En este caso, las rentas máximas a los arrendatarios no podrán superar los 7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, un 60 % de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes
12 viviendas en Ólvega
El último de los convenios ha sido con el Ayuntamiento de Ólvega, Soria, Promoción de 12 viviendas protegidas en alquiler, garajes y trasteros.
El edificio completo contará con 28 viviendas, 33 garajes y 28 trasteros, de las cuales 12 viviendas, sus correspondientes garajes y trasteros, serán protegidas en alquiler, y el resto serán libres.
El edificio se debe calificar como viviendas de protección pública en alquiler. Se tratará de una calificación mixta (viviendas libres y protegidas). Sólo se financian las 12 viviendas protegidas en alquiler y también contará con una calificación energética mínima B. La empresa promotora del inmueble pretende dotar de vivienda a sus trabajadores sin ningún ánimo de lucro.
Las rentas máximas a los arrendatarios no podrán superar los 7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, un 60 % de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes.
Estas actuaciones se inscriben en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
