Benamira dice "no" a la ubicación de la planta solar fotovoltaica Caramonte
La Asociación de amigos de Benamira ha rechazado la ubicación de la planta solar fotovoltaica FV Caramonte, que se pretende instalar a apenas 500 metros de su núcleo urbano, al considerar que el proyecto promovido por Eólica de Medinaceli (Engie) ha presentado un estudio de impacto ambiental con graves deficiencias.
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La empresa Eólica de Medinaceli, SLU (Engie) proyecta instalar un megaparque fotovoltaico en el término municipal de Medinaceli entre los pueblos de Benamira y Esteras de Medinaceli, ambos pedanías de aquél.
Esta planta ocuparía una superficie de 87 hectáreas y albergaría más de 76.000 paneles solares en la vega del Jalón, a unos tres kilómetros de su nacimiento y apenas a 500 metros de ambos pueblos.
A su vez, la planta fotovoltaica se proyecta colindante 650 m con un espacio natural que cuenta con la máxima protección ambiental según las leyes nacionales y europeas.
En la Asociación de Amigos de Benamira (AAB) han estudiado el proyecto y detectado deficiencias y errores graves, entre ellos la inexistencia de un verdadero estudio de alternativas, así como grandes carencias en el contenido del estudio de impacto ambiental que tienen como consecuencia una localización que causará graves impactos sobre dichas poblaciones y el espacio natural mencionado, por lo que hemos presentado alegaciones a su construcción.
También la ONG conservacionista SEO/BirdLife ha pedido que se deniegue la autorización a este proyecto, que afectaría a zonas de gran importancia ornitológica.
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El impacto que esta planta solar tendría sobre el entorno, según la asociación, supondría un grave deterioro del medio natural, el paisaje y la vida en los pueblos, comprometiendo en gran medida su futuro y agravando el problema de despoblación existente.
Se trata de una zona altamente tensionada, que ya alberga numerosas infraestructuras: en un radio de apenas 3 kilómetros discurren la autovía A-2, el AVE Madrid-Barcelona, tres parques eólicos, y la correspondiente subestación eléctrica y líneas de alta tensión.
Existe además otra planta fotovoltaica en tramitación de 24,5 hectáreas y una potencia de 16,5 MWp que ocupará terrenos adyacentes con la anterior, amplificando sus impactos.
"No cabe otra explicación para esta ubicación que su conveniencia para la empresa, la cual, falseando burdamente el estudio de alternativas, ha evitado evaluar otras ubicaciones evidentes y cercanas que, teniendo las mismas características técnicas y económicas que la elegida, no generan afecciones directas sobre poblaciones ni espacios protegidos. La AAB no está en contra de la planta solar, sino de una ubicación tan dañina", ha reiterado en un comunicado.
Pese a que el pasado 11 de enero alrededor de 150 vecinos de Benamira, Esteras de Medinaceli y otras pedanías y pueblos cercanos se manifestaron frente al Ayuntamiento medinense en contra del proyecto, el alcalde de Medinaceli, Gregorio de Miguel (PP), no ha mostrado el menor interés por estas reivindicaciones.
Admitiendo (en declaraciones para RNE) que las placas “suponen un ingreso importante” para el municipio, ha afirmado no haber hablado nunca con la empresa “en cuestión de placas solares” y desconocer “cómo está la situación”.
Su postura es la de mantenerse equidistante, amparándose en que unos pocos vecinos sí están interesados en ceder sus tierras a la planta solar, desoyendo las quejas de la gran mayoría de vecinos y las fundadas dudas sobre la legalidad del proyecto.
Las administraciones deben poner freno a la destrucción del campo
En una carta presentada en el Ayuntamiento el día 22 de enero, la asociación ha solicitado al alcalde que haga uso de la facultad que la Ley de evaluación ambiental otorga a las administraciones públicas afectadas para que puedan, mediante el correspondiente informe, elevar al órgano competente para la aprobación del proyecto, su disconformidad con el mismo, pero aún no hemos recibido respuesta.
Dado que las carencias y errores señalados vienen siendo habituales en este tipo de proyectos, y considerando el elevadísimo número de ellos que han de ser tramitados en un futuro próximo, ha demandado una intervención urgente por parte de las administraciones responsables, para exigir que los estudios de alternativas y de impacto de estos proyectos cuenten con la calidad y contenido mínimos establecidos en la normativa actual sobre evaluación ambiental.