Barcones resalta deber moral con víctimas de guerra civil
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recordado esta tarde en Bayubas de Abajo que es “un deber moral en una sociedad democrática dignificar a las víctimas de la guerra civil y a las víctimas de la dictadura franquista. Estamos éticamente obligados”.
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Así lo ha manifestado en el acto llevado a cabo por la asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad en el que se ha creado un Lugar de Memoria y Homenaje a diez civiles de El Burgo de Osma asesinados el 15 de septiembre de 1936 en un monte de Bayubas de Abajo y exhumados el 10 de julio de 1971.
Estos crímenes se llevaron a cabo en la carretera del Puente Ullán a Tajueco.
También ha estado presente el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, así como familiares de las víctimas.
El presidente de Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, ha destacado que el acto es en recuerdo y homenaje de los desaparecidos y de solidaridad con las familias que sufrieron y sufren su ausencia.
Allí fueron ejecutados Agustín Alonso Luluaga, de 53 años, era natural de San Leonardo y vecino de El Burgo de Osma, de profesión industrial, era viudo y tenía cinco hijos.
Eugenio Aylagas Antón, de 39 años, era natural de Osma, de profesión Hortelano, estaba casado y tenía ocho hijos. Cayetano Zapatero Etxaguren, de 43 años, natural de Lahorra (Burgos) y vecino de El Burgo de Osma, de profesión jornalero, era soltero y no tenía hijos. Manuel Andrés de Jesús, de 30 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, jornalero de profesión.
Manuel Acedera Acón, de 39 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía tres hijos, mecánico de profesión. Manuel Arribas Tejedor, de 44 años, era dependiente de comercio. Vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía tres hijos. José Orofino Huerta, de 35 años, de oficio jornalero, era vecino de El Burgo, estaba casado y tenía dos hijos.
Elías Alonso Téllez, de 31 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía cuatro hijos. Elías Alonso, así como Agustín Alonso, su padre también asesinado, fue destituido del Ayuntamiento de El Burgo de Osma como concejal el 22 de julio de 1936.
Julián Torre Carro, de 29 años, soltero, natural y vecino de El Burgo de Osma, jornalero de profesión. Y Sebastián Orofino Huerta, de 32 años, soltero, jornalero de profesión, natural y vecino de El Burgo de Osma.
Según refiere Recuerdo y Dignidad, en torno a las 9 de la mañana del 15 de septiembre de 1936, diez vecinos de El Burgo de Osma fueron asesinados en la carretera que une las localidades de Bayubas de Abajo y Tajueco.
Estas diez personas no habían participado en ningún conflicto relacionado con la Guerra Civil, o con anterioridad a esta. Tampoco se les realizó consejo de guerra, no pasaron por la prisión de El Burgo de Osma ni fueron objeto de expediente por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas.
El homenaje ha sido un emotivo acto acompañado de manifestaciones artísticas, en el que se ha recordado a las víctimas y se ha conmemorado también la realización de la primera exhumación realizada en la provincia de Soria, en el año 1971.
Todas las exhumaciones que se habían llevado a cabo con anterioridad en la provincia habían tenido que realizarse de una manera clandestina. Sin embargo, la exhumación de Bayubas de Abajo de 1971, aunque se llevó a cabo durante el franquismo, fue la primera de la provincia de Soria que contó con autorización y, por lo tanto, la primera pública, aunque no se le dio ningún tipo de visualización.
Memoria democrática
Barcones ha recordado también que el Gobierno de España viene convocando ayudas a las entidades locales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática.
Estas subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son para realizar actuaciones en diferentes ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos.
La delegada del Gobierno ha destacado el "claro compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas y sus familiares". Este compromiso que mantiene el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde 2018 queda reflejado en todas las ayudas aprobadas por el Gobierno para la recuperación de la memoria democrática, y muy especialmente para exhumaciones.
La representante del Gobierno de España en Castilla y León ha expresado su confianza en que la nueva ley de Memoria Democrática sea la mejor herramienta para la materialización real y efectiva de las reivindicaciones de familias, asociaciones, historiadores e investigadores de temas de memoria.
"Esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Una ley para el reencuentro, con la que vamos a ser una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. Una España donde la verdad prevalezca y las mentiras se olviden pronto".
