Para muestra un Botín
Por Mario González
Abogado Mautikoabogados
Mario González incide en este artículo de opinión como el denominado ‘Caso Begoña’ pone de manifiesto lo que sufren las instituciones, incluso el poder judicial, cuando las magistraturas, en lugar de contar con personas probas e independientes, aparecen entreveradas de comisarios políticos.
Convivir en la Tierra, atrayendo el espacio celeste
Para muestra un Botín
Las ocupaciones ilegales –léase Ceuta o Maricarmen– le traen al gobierno sin cuidado. Eso es para tensionar. Lo que les preocupa de verdad son las Generales 2026 –que ya comentaremos– y a la ‘catedrática’ Begoña Gómez. Ambas cosas atañen personalmente al puto amo. Hoy toca hablar de Begoña a la que piden 13 años por delitos de malversación y de tráfico de influencias.
La Moncloa ha cambiado su discurso: en lugar de probar que esos delitos nunca se cometieron, en línea con lo sostenido hasta el momento, lo que quieren ahora es que el juicio no se celebre. Invocan la ‘Doctrina Botín’, siguiendo la STS de 17.12.2007, para impedir la apertura del juicio oral porque solo existe Acusación Popular, haciendo una interpretación literal –ya superada jurisprudencialmente– del 782 LECrim.
La Constitución Española –que siempre se ha dicho que tiene primacía y aplicación directa– sostiene que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado” (125 CE), y también que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (14 CE). Ítem más, esa ‘Doctrina Botín’ quedó, un año después, desautorizada en el ‘Caso Atucha’ donde el mismo Tribunal Supremo, analizando un delito de desobediencia, señaló que cuando no exista un perjudicado concreto, se debe hacer una interpretación amplia permitiendo la apertura de juicio oral, aunque solo exista la Acusación Popular.
En este caso, solo existe acusación popular porque la Fiscalía, en lugar de alinearse con la Ley, lo ha hecho con el Gobierno. ¡Qué instituciones tenemos! La Abogacía del Estado se personó para pedir el archivo de la causa y la Fiscalía, más comprometida, pidió directamente la absolución. ¡Esta es la democracia de la PPSOE! A ti te quieren colgar por una simple falta, empero los imperantes y su séquito logran movilizar a las instituciones en su favor. ¡Menudo estado de derecho! En lugar de defender el ordenamiento jurídico, tiran por tierra todos los principios que inspiran esas instituciones para entregarse al poder en cuanto les guiñan un ojo. Esos sinvergüenzas deberían ser expulsados de la carrera inmediatamente por corrupción. Tratan de que el Gobierno pueda jugar la bolita de la ‘Doctrina Botín’, ora como cuestión previa ora en apelación o amparo. Van a jugar esa bolita esperando tener suerte en la Lotería Judicial del Estado, tanta como el Tío Botín. ¡Y se dicen socialistas!
Han creado un relato de persecución judicial, pero fue la AP de Madrid la que fijó la competencia del jurado popular. Los indicios criminales recogidos durante la instrucción apuntan a la comisión de un delito de malversación cuando, coincidiendo con el ascenso de su marido a la presidencia del Gobierno, ella montó un tinglado académico-tecnológico usando el dinero de entidades públicas para trasladar, después, los resultados a su esfera personal. Lo que chirría es la obtención de financiación y recursos públicos y, sobre todo, la apropiación del software desarrollado con fondos de la Universidad Complutense. El tráfico de influencias, por otra parte, tiene que ver con el acceso a la codirección de una cátedra extraordinaria cuando ella ni siquiera contaba con una licenciatura. Finalmente –de ahí la malversación continuada– está el asunto de la asesora Cristina Álvarez que, contratada por Moncloa, se dedicó a gestionar los asuntos privados de Begoña Gómez que, nuevamente y de esta manera, volvió a lucrarse a costa del erario público.
La acusación popular es la facultad que tiene cualquier ciudadano para ejercer la acción penal en los delitos públicos que no tienen una víctima directa e individualizada (corrupción, medio ambiente, urbanismo, …). Como te puedes imaginar, resulta clave para no dejar su persecución en manos de sus coautores, siempre relacionados con el poder político. ¿De quién depende la Fiscalía y la Abogacía del Estado? Pues eso. En consecuencia, la interpretación restrictiva no tiene ningún sentido. El ‘Caso Begoña’ pone de manifiesto lo que sufren las instituciones, incluso el poder judicial, cuando las magistraturas –ganadas, supuestamente, por oposición–, en lugar de contar con personas probas e independientes, aparecen entreveradas de comisarios políticos de la PPSOE que esperan agazapados la ocasión de servir al poder. A los ciudadanos que pagamos sus sueldos nos aplican la parte estrecha y áspera del ordenamiento jurídico. Para los imperantes y su séquito, sin embargo, encuentran siempre una parte más ancha y suave. Lo suficientemente ancha y suave como para que puedan irse de rositas. ¡Para muestra un Botín! Así que, si aspiras a vivir en un país en el que la ley y los procedimientos sean, por fin, iguales para todos, tendrás que dejar de votar a la PPSOE. No hay otra. Te digan lo que te digan, no hay otra manera de conseguirlo.