El embudo enquistado: ¿Quién se beneficia?

El embudo enquistado: ¿Quién se beneficia?

El 23 de febrero de 2024 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria dictó sentencia en el pleito que le había interpuesto al Ayuntamiento de Soria la Asociación de Peatones Afectados por el Callejón del Espolón (APACE) por la falta de respuesta a su petición de cumplimiento con la normativa urbanística y de accesibilidad en el callejón peatonal del extremo oeste del Paseo del Espolón, popularmente conocido como “el embudo del Espolón” donde, objetivamente, resulta imposible el cruce simultáneo de dos sillas de ruedas, dos cochecitos de niño o dos peatones que porten a la vez paraguas abiertos o bultos algo voluminosos.

Esta sentencia, de una manera verdaderamente salomónica, pese a rechazar por motivos formales las pretensiones y el planteamiento procesal de APACE, ha estimado parcialmente su recurso condenando al Ayuntamiento de Soria a responder de forma expresa y dentro del plazo de tres meses a los dos escritos (de 22/3/2022 y de 22/11/2022) en los que APACE había ejercitado el derecho constitucional de petición frente al Ayuntamiento en pro de soluciones efectivas y legales para los transeúntes del callejón.

Los antecedentes municipales del asunto no auguraban ni sorpresas ni soluciones y mucho menos misericordia hacia los sufridos usuarios del callejón.

Y así ha sido.

El alcalde de Soria, mediante una resolución de 16 de julio de 2024, le ha confirmado tozudamente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo autor de la sentencia y a APACE, como ya hizo con el Procurador del Común de Castilla y León, que rechaza toda posibilidad de arreglo de los atascos peatonales del callejón, tanto de ampliar la angostura del embudo para proporcionarle la anchura reglamentaria, como de restablecer el paso de peatones que allí existía hasta que en marzo de 2017 lo suprimió sin previo aviso enchiquerando con vallas el tránsito peatonal.

 Alega la posible concurrencia de cierto peligro en el paso peatonal que suprimió y que nadie recurriera en su día las actuaciones municipales, pero omite las reiteradas y permanentes quejas ciudadanas y desde luego la represión policial que aplicó in situ contra el presidente de APACE, al que sancionó económicamente por fijar en el embudo un folio de protesta.

Es ésta una nueva edición local de la conocida “ley del embudo” que propician las mayorías políticas absolutas y aplican a las protestas y reclamaciones con la conocida técnica del “rodillo” tan desgraciadamente habitual en la Casa Consistorial desde 2007.

Una vez más, en lo relativo a las cuestiones de la concesión del aparcamiento municipal del Espolón, que es donde está realmente el origen de todo el problema, la postura socialista ha tenido debilidad por inclinar sus decisiones a favor de la mercantil concesionaria a costa del interés general y los derechos de tránsito de la ciudadanía.

Las respuestas a las preguntas que formulamos a continuación confirmarán nuestra afirmación precedente.

¿A quién benefició la supresión del paso peatonal que había en este mismo lugar antes de marzo de 2017?

A los transeúntes desde luego no, al aparcamiento subterráneo concesionado sí.

¿A quién benefició la colocación de las vallas sobre la acera “enchiquerando” a los transeúntes?

A los transeúntes, no. Al aparcamiento subterráneo concesionado, sí.

¿A quién beneficia que el agua de lluvia proveniente de la calle de Mosquera de Barnuevo se precipite por la acera del embudo, mojando a los peatones y no discurra por la calzada hacia el aparcamiento?

Desde luego a los transeúntes, no.

Digamos de paso que, pese a lo manifestado por el alcalde, no ha quedado nunca acreditado y no hay pruebas tangibles de que en aquel paso de peatones suprimido a las bravas se hubiera producido nunca ningún atropello, por lo que resultaba imaginaria la existencia entonces de ningún peligro para los peatones, pese a lo que dijo en su día en un documento interno un mando intermedio de la Policía local.

¿A quién benefició la solución constructiva “lomo de asno” que hizo el Ayuntamiento en este mismo punto para impedir la inundación por agua de lluvia del aparcamiento por las mismas fechas?

Al Ayuntamiento desde luego no, y a los transeúntes tampoco, pero al aparcamiento subterráneo concesionado sí, cuya  mercantil explotadora, como concesionaria, fue la responsable de las obras de construcción del aparcamiento y, por lo tanto, quien debió prever los riesgos de la climatología adversa, por otra parte nada extraordinaria.

¿Por qué tuvo que asumir estas obras el Ayuntamiento?

Es una pregunta muy sugerente a la que debería responder el mismo alcalde que entonces y ahora ocupaba y ocupa el cargo.

 También hay más preguntas algo más antiguas, aunque por ahora sin posibilidad de encontrar respuestas mientras no se lleve a cabo una mínima investigación.

¿La ubicación del paso peatonal suprimido es la original del proyecto técnico que ha de figurar anexo al contrato de la concesión del aparcamiento?

¿O ya había sido modificado su trazado durante la ejecución de las obras del aparcamiento, sin que conste la aprobación municipal de modificación alguna?

¿Y en tal caso, en beneficio de quién?

La respuesta es obvia: del aparcamiento subterráneo concesionado, por lo tanto, de la  empresa mercantil concesionaria y responsable de las obras de construcción del aparcamiento que iba a explotar seguidamente.

¿Qué ventajas pudo reportar a la empresa concesionaria una eventual modificación de este trazado?

Aún estarían sin evaluar pero será muy interesante efectuarlo.

¿Controló el Ayuntamiento estas eventuales modificaciones?

odo parece indicar que no lo suficiente.

La conclusión sobre todas las preguntas, incluso las que aún no tienen respuesta, es clara: siempre ha habido en todo lo relacionado con este aparcamiento un único beneficiario, cuyos intereses materiales, al entrar en colisión con los de la ciudadanía y el derecho a transitar libremente por esta parte del territorio nacional, se han visto sistemáticamente protegidos por las decisiones municipales de esta misma mayoría política y de este mismo liderazgo personal en detrimento de los intereses de los transeúntes.

La empresa mercantil concesionaria de este aparcamiento subterráneo debería estar profundamente agradecida a la magnanimidad municipal, que contrasta vivamente con el empecinamiento de la mayoría socialista del Ayuntamiento en no resolver con sensatez el estrangulamiento peatonal al que venimos refiriéndonos.

Abocar a los peatones que transitan habitualmente por el ignominioso paso del embudo del Espolón a tener que defender ante otras instituciones, sea el Procurador del Común, la Administración de Justicia o la opinión pública, lo que el Ayuntamiento de Soria no es capaz o no tiene la voluntad de resolver adecuadamente, ignorando sus reiteradas protestas, supone una respuesta implícitamente autoritaria y humillante sobre la legítima demanda ciudadana que protagonizó APACE, pero que cualquier persona está en condiciones de exigir legítimamente y de valorar, con toda reciprocidad, cuando las urnas nos convoquen de nuevo.

Con independencia de lo que, en cumplimiento de la Sentencia 35/2024, ha contestado el Ayuntamiento de Soria a APACE y al Juzgado mediante resolución de Alcaldía de 16 de julio de 2024, el problema va a seguir existiendo mientras persista la inhibición municipal en resolver este problema de la circulación peatonal por el embudo del Espolón, que no deja de ser una postura ilegítima, propia de un avestruz, cuando fue el propio Ayuntamiento de Soria el que primero consintió en que se creara el problema y el que después lo agravó aún más, hasta el estrangulamiento actual, con medidas adicionales irracionales y abusivas.

Y tarde o temprano el Ayuntamiento deberá encontrar una solución que sea a la vez legal, viable técnicamente y satisfactoria para los usuarios.

Y no hay muchas alternativas.

Una primera sería la de revisar qué se hizo durante la ejecución de la obra de construcción del aparcamiento y comprobar el protagonismo y, por lo tanto, el grado de responsabilidad que tiene la empresa concesionaria constructora del aparcamiento en el origen del problema, sus obligaciones inherentes y su disposición para modificar el acceso rodado existente junto al embudo para ensanchar hasta sus medidas legales el espacio peatonal.

Las demás soluciones están íntegramente en manos del Ayuntamiento, de este mismo Ayuntamiento cuyos dirigentes, día sí y día también, se jactan de inversiones o gastos millonarios que, en su provecho público y en su funcionalidad, están muy por debajo de lo que haría falta invertir aquí para resolver este estrangulamiento peatonal del embudo si tuvieran un mínimo de sensibilidad y de voluntad de llevarlo a cabo.

Un Ayuntamiento como éste, tan proclive a las “humanizaciones” y a las “pacificaciones” de las vías urbanas, no debería mantener un punto tan deshumanizado como es este embudo para los peatones que, además viene siendo y lo será mientras no se resuelva, una fuente de conflicto, irritante y por ello escasamente pacífico, que solo requeriría una inversión razonable para extinguirla.

Desde APACE le brindamos, como siempre, al Ayuntamiento de Soria y desde luego a la propia empresa mercantil explotadora como concesionaria del aparcamiento subterráneo del Espolón, toda nuestra colaboración para hallar una satisfactoria solución verdaderamente pacífica de este enquistado conflicto ciudadano que, de no encauzarse, debería tener consecuencias políticas  electorales.

Fdo: APACE (Asociación de Peatones Afectados por el Callejón del Espolón)

Suscriben este mismo manifiesto varios ex-concejales del Ayuntamiento de Soria de distintas fuerzas políticas de corporaciones anteriores a la actual, entre los que se encuentran: Luis Giménez Morales, concejal de UCD (1979-1983), Miguel Antonio Gómez Modrego, concejal del PSOE de 1991 a 1993, Alberto Ridruejo Alonso, concejal de ASI de 1999 a 2001, Enrique García Domínguez, concejal de Izquierda Unida en 2007-2011 y 2015-2019, Jesús de Lózar de Grado, concejal de Ciudadanos (Cs) de 2015-2019, Luis Alberto Romero Hernández, concejal de Sorian@s de 2015 a 2019 e Ignacio Soria Aldavero, concejal del PP (2019-2023). Y cuantos ciudadanos quieran adherirse y exigir una solución adecuada al embudo peatonal del Paseo del Espolón que la actual mayoría política municipal se empeña en mantener enquistado.