El ayuntamiento de soria ha vivido esta semana una nueva polémica, con la vivienda de protección oficial como excusa. Se acaba una legislatura más y la vivienda de protección oficial, de promoción pública, sigue estando por debajo de las expectativas de los ciudadanos, en especial de los colectivos más desfavorecidos, a los que el precio excesivo de este bien excluye de su acceso o, en el mejor de los casos, les condena a hipotecas de por vida. No está el Ayuntamiento capitalino para presumir de su labor en esta materia. Si lo que se contempla en los programas electorales no es sólo una declaración de intenciones, tendremos que convenir que lo hecho está a años luz de lo comprometido. El PSOE no se ha acercado si quiera a ese urbanismo humanitario que propugnaba cuando estaba en la oposición municipal. Más bien ha seguido la estela del anterior equipo de Gobierno y ha gestionado el Plan General de Urbanismo que rechazó en su aprobación, donde se contemplaba que los promotores debían destinar un 40 por ciento de las viviendas a VPO, dentro de sus sectores de desarrollo. La falta de constitución de la empresa municipal de la Vivienda, llamada a intervenir en este mercado y que necesitaba más voluntad política que presupuesto, es la prueba más palmaria de la falta de compromiso con lo que en la Constitución califica como un derecho. En el trasfondo está la propia financiación de las corporaciones locales, excesivamente dependientes de los ingresos urbanísticos. Y en esta materia, da la sensación que la gestión pública ha ido a remolque de la privada.
