El ayuntamiento de soria culmina estos días la publicación en su página
web de la declaración sobre incompatibilidades y actividades y de
bienes patrimoniales de sus veintiún concejales electos, una práctica
loable pero que se ha quedado a medio camino, merced a que no se han
incluido datos que puedan permitir a los ciudadanos valorar si ha
habido enriquecimiento desproporcionado de sus representantes durante
el mandato. Sería conveniente que a estas declaraciones se sumasen las del inicio de la legislatura y, por ende, que se fuese más transparente -o menos farragoso- a la hora de publicitar lo que se percibe por la representación pública. En esta materia es tan reprobable hacer alarde de riqueza como farisaico disimular las propiedades. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa de los gobernados, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido. Todos deben tener claro que no es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo y cuenta con un buen equipo y programa, que es capaz de plasmar en proyectos y bienestar para sus ciudadanos. Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad, que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función. Es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos -o más pobres-, puedan dedicarse a la gestión pública.
