LA tardanza en tener noticia de la celebración de un festival europeo de
música electrónica en pleno corazón de la comarca de Pinares y la falta
de diligencia, en las primeras horas, a la hora de tomar medidas para
evitar que se celebrase en un lugar donde está prohibido acampar, por
parte de las administraciones competentes, ha supuesto un espectáculo
lamentable que Soria debe hacer lo posible para evitar en el futuro. Tolerar una fiesta al aire libre en un lugar acotado para ello es ciertamente peligroso para el propio medio ambiente y supone una modalidad de concentración humana que choca frontalmente con el turismo de calidad que las autoridades y sectores implicados han hecho gala de querer promover para la provincia. Si decíamos ayer que había que imponer el pago de una entrada por acceder a determinados parajes de la provincia -llámese Playa Pita o la Laguna Negra-, diremos hoy que concentraciones como la tolerada le hacen un flaco favor a las instituciones a la hora de tomar estas decisiones. Pero por encima de la gravedad de estos problemas, está la situación de indefensión que han sentido -y padecido- los vecinos, turistas y empresarios de la comarca de Pinares, que han comprobado que la ley no se aplica por igual para todos. La indignación ha estado más que justificada por las noches en vela, sin descansar, y las pérdidas económicas por la cancelación de reservas en los alojamientos turísticos. Las administraciones tienen la obligación de proteger a los ciudadanos en sus derechos y libertades fundamentales. En juego está su propia credibilidad.
