FACUA rechaza el peaje que plantea el Gobierno
FACUA-Consumidores en Acción también ha rechazado que el Gobierno esté planteando una ley que supondrá cobrar un peaje a todos los usuarios por el uso de las carreteras, tanto estatales como regionales, a partir del año 2024.
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El texto que ha enviado ya el Ejecutivo a Bruselas recoge la medida de un "mecanismo de pago" para avanzar hacia "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador" y de que "quien contamina, paga".
El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes "de forma progresiva".
En este sentido, la asociación ha considerado en un comunicado que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
FACUA, además, ha advertido de que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.
Aunque el Gobierno sugiere implantar "reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos" no concreta estos aspectos.
Mientras que la financiación a través de impuestos directos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo- la asociación ha señalado que la implantación de un peaje en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con menor poder adquisitivo.
Apuesta por el transporte público
De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc.
Además, la asociación también ha criticado que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Esta medida, además, se anuncia en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
El Ejecutivo ha justificado esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios.
