11.286 migrantes perdieron la vida en el mar
Un total de 11.286 personas migrantes, de las cuales 1.272 eran mujeres y 377 niños, han muerto en el mar en los últimos cinco años cuando intentaban alcanzar las costas españolas, según recoge el informe "Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022" realizado por la ONG Caminando Fronteras.
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Esta entidad tiene desde 2007 una línea telefónica de alertas donde reciben informaciones y alertas de las personas que se encuentran en peligro en las fronteras.
Las 11.286 personas que perdieron la vida en estos últimos cinco años en las rutas de acceso al Estado español supone que seis personas han muerto cada día.
El análisis de las cifras llevado a cabo por la investigación lleva a asegurar a la ONG Caminando Fronteras que existen una serie de políticas que han permitido la construcción de esta tragedia.
Las personas que atraviesan las fronteras del Estado español se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural, que comienza desde la expulsión de los países de origen y tránsito migratorio, lo que acaba provocando que pierdan la vida durante su camino.
En estos cinco años el Estado español en colaboración con países como Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, han establecido de forma arbitraria modelos bilaterales de políticas migratorias, reduciendo de forma importante la protección de derechos a las personas en movimiento.
No existe un reconocimiento del derecho a la vida en las fronteras que comparten, lo que ha permitido a estos Estados perpetuar en el tiempo políticas de control migratorio cuyas estructuras de defensa del territorio están basadas en provocar daño y en última instancia muerte a las personas migrantes, según la citada ong.
Éstas se ejecutan a través de dictámenes globales de control del territorio en el contexto europeo.
Las víctimas se enfrentan a escasos mecanismos de protección y, por consiguiente, a altos estándares de indefensión, que les convierten en poblaciones vulnerabilizadas.
Los datos que se han presentado en este informe muestran que la pérdida de la vida de estas 11.286 personas no es debido a la casualidad, sino a una necropolítica estructurada sostenida en el tiempo y que constituye el pilar de la construcción de los sistemas migratorios globales en el siglo XXI.
En el contexto de control europeo, y en concreto el gestionado desde el Estado español, las víctimas en su mayoría están desaparecidas, puesto que los trayectos marítimos favorecen la ausencia de cadáveres.
Lo que permite que este sistema de muerte implemente una negación deliberada de la existencia de las víctimas.
La indefensión es también una característica del sistema migratorio de este territorio, y las violencias se suceden con escasos instrumentos de protección.
Las personas que perdieron la vida en estos cinco años provenían de 31 países, y habían efectuado rutas migratorias muy diferentes.
Muchas de ellas, según los relatos de familiares y allegados, ya habían confrontado la violencia en mayor o menor medida durante el camino.
