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Sostener las pensiones supondrá renunciar a gasto social, según Grupo Mutua Madrileña

Sostener las pensiones solo con recursos públicos supondrá renunciar a otras partidas de gasto social, como sanidad, vivienda y digitalización, según el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

Garralda lo ha asegurado este martes durante la presentación de la primera jornada del Observatorio de Pensiones de la entidad, foro de debate y análisis con el que la aseguradora reafirma su compromiso con la educación financiera, la divulgación objetiva y el desarrollo de herramientas que faciliten la planificación del ahorro para la jubilación.

“Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española. Y lo es tanto por la propia trascendencia del tema en cuestión como por la falta de una respuesta clara ante un problema acuciante. El momento de actuar es ahora, no podemos seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera. En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad”, ha enfatizado Garralda.

En opinión del presidente de Mutua Madrileña, ante el problema de las pensiones hay que actuar ya, puesto que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales no está ni mucho menos garantizado.

 “Sin sostenibilidad del sistema no hay suficiencia. Las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado, es decir, de recursos de fuera del sistema, para pagarlas. Tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable”, ha recordado.

“Adicionalmente, la evolución demográfica, con el envejecimiento de la población y la mayor longevidad, añade una fuerte presión sobre los gastos. Cada vez hay más personas en edad de jubilación y éstas viven más años, mientras que se produce el efecto contrario en los ingresos, con una reducción de la población en edad de trabajar, es decir, de los potenciales cotizantes. Todas las proyecciones demográficas apuntan a que estas tendencias continuarán en los próximos años. Esta realidad pone de manifiesto la urgencia de una reforma profunda del sistema público de pensiones”, ha añadido.

Para Garralda, es necesario retomar y profundizar en el espíritu reformista de las anteriores reformas, que introducían elementos para tratar de contener el impacto demográfico sobre el gasto en pensiones, tales como el retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los años de cómputo de la vida laboral o el llamado factor de sostenibilidad que finalmente no se llegó a aplicar.

“Si decidimos incrementar los ingresos del sistema a costa de contínuas subidas de las cotizaciones, estaremos reduciendo la competitividad de las empresas y la capacidad de consumo e inversión de los empleados. Por su parte, si buscamos los recursos fuera del sistema e incrementamos las transferencias, nos encontramos con el reto de la sostenibilidad del gasto público en su conjunto. Sobreponderar el esfuerzo hacia las pensiones, asumiendo cualquier incremento de los gastos en esta materia supondrá renuncias en otras partidas de gasto e inversión pública (transformación digital, vivienda, educación, sanidad…)”, ha manifestado.

“Una solución eficaz y duradera para nuestro sistema público de pensiones tendrá que pasar por una nueva reforma de consenso en la que se conjuguen medidas para fomentar los ingresos del sistema, pero, sobre todo, para contener el efecto demográfico sobre las partidas del gasto. En este sentido, la reducción de las tasas de sustitución actuales, nos guste o no, será una realidad. Por este motivo, el complemento a la pensión pública será cada vez más necesario y nos urge revitalizar los otros dos pilares con los que cuenta el sistema, que hasta ahora han tenido un papel meramente testimonial”, ha explicado.

En opinión de Garralda, las EPSV vascas, en concreto, son un claro ejemplo a imitar, ya que cuentan con una mejor estructura de límites que los planes de pensiones, mayores incentivos fiscales en la aportación y en el rescate.

“Con un patrimonio total que equivale al 32 por ciento del PIB y una afiliación en las EPSV de empleo que representa el 25 por ciento de los ocupados, las cifras del País Vasco muestran registros claramente superiores a los planes de pensiones privados del conjunto de España (donde el patrimonio total solo representa el 8% del PIB y apenas el 14% de los trabajadores tiene un plan de empleo)”, ha señalado.

Impulso de la Comisión Europea

Garralda ha recordado también las iniciativas puestas en marcha desde la Unión Europea, que se ha sumado al impulso del ahorro previsional, sustentado, entre otros factores, en el efecto positivo que genera para dinamizar la necesaria inversión.

Las seis recomendaciones del Observatorio de Pensiones del Grupo Mutua son las siguientes:

1. Un pacto nacional por las pensiones entre fuerzas políticas y agentes sociales que aborde de forma integral su sostenibilidad y que potencie los tres pilares. Para conseguir este objetivo parece necesario establecer unmarco de actuación más técnico y menos político.

2. Retomar el espíritu reformista del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta el impacto demográfico sobre el gasto y evolucionando nuestro actual sistema de reparto hacia un sistema que integre cuentas nocionales.

3. Avanzar hacia la implantación efectiva de los sistemas complementarios en el tejido empresarial a través de medidas como el desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico de la adhesión automática a planes de empleoo vehículos similares.

4. Reconocer que existe un problema de demanda por parte de los ahorradores y, por ello, una clara necesidad de incrementarlos incentivos fiscales del segundo pilar y, especialmente, del tercero para fomentar el ahorro individual a largo plazo desde edades tempranas. Un ejemplo a imitar en este sentido es el de las ya comentadas Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

5. Se considera esencial que la Seguridad Social proporcione información continuada y actualizada sobre la posible pensión pública que percibirá cada ciudadano. Dicha información debe ser transparente y regular y debería incluir no sólo los periodos y cotizaciones efectivamente realizadas, sino también una estimación de la pensión realista y sencilla, para facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.

6. Apoyo el fomento de la educación financiera en todos los niveles, con especial atención en los jóvenes y trabajadores autónomos. En particular, consideramos oportuno desarrollar simuladores y herramientas digitales que permitan a los ciudadanos estimar su pensión futura y planificar su ahorro de forma personalizada.