La Junta simplifica trámites en ribera del Duero
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Consejo Regulador de Ribera del Duero han firmado un convenio para facilitar la tramitación administrativa a los 7.500 viticultores aglutinados por esta denominación de origen.
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Cada año, cerca de un millar se enfrentan a problemas burocráticos debido a la disparidad de información entre los distintos registros existentes.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha mostrado muy satisfecho del acuerdo, que no tiene precedentes en Castilla y León.
“Este convenio simplifica trámites burocráticos para hacerle a los viticultores la vida más fácil en su día a día. Queremos que se dediquen menos a hacer papeles y más a seguir haciendo los grandes vinos de calidad que se hacen en Ribera de Duero”, ha resaltado.
Asimismo, ha destacado que este convenio “es sólo un primer paso” en la colaboración con este consejo regulador que, además, la Junta quiere extender a las demás denominaciones de origen asentadas en Castilla y León, que agrupan a otros 11.000 viticultores con problemas similares.
El convenio ha sido suscrito por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual García.
Su objetivo principal pasa por crear una plataforma de intercambio de datos telemáticos, que permita resolver los desajustes entre el Registro Vitícola de la Consejería y el de la denominación.
Actualmente, las 2.600 actualizaciones que se realizan cada año deben resolverse de forma manual, consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los implicados, y con el riesgo de cometer errores de transcripción.
Por ello, el vicepresidente ha destacado que el acuerdo, además, “aporta seguridad jurídica”.
Según información de la Consejería de Agricultura, se estima que en torno al 10 por ciento de los titulares de explotaciones que figuran en el Registro Vitícola no tienen actualizado alguno de sus datos registrales, lo que equivale a unas 3.000 hectáreas de superficie de viñedo que podrían tener incidencias.
La información correcta, sin embargo, existe, y se puede acceder a ella, de modo que el desajuste puede resolverse, como plantea el convenio, con un cauce telemático de intercambio de información.
Los datos que se compartirán –siempre con las limitaciones que establezca la política de protección de datos– tienen que ver con el código de plantación, la provincia y el municipio en el que se sitúa cada explotación; la referencia del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC); la superficie total de la parcela; la superficie plantada; el año de plantación, y la variedad, entre otros datos técnicos.
Compromisos de las partes
El convenio establece el compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de “incorporar a la sección vitícola del registro de explotaciones agrarias de Castilla y León todas las modificaciones efectuadas o advertidas por el consejo regulador, de la manera más automatizada posible”.
Todo ello con el fin de “cumplir con el objetivo de convergencia y de malla única, sin perjuicio de las comprobaciones o verificaciones que haya de realizar la administración al efecto”.
Por su parte, el Consejo Regulador de Ribera de Duero se compromete a “poner en conocimiento de la administración cualquier cambio del que sea conocedor, que se produzca en la malla parcelaria vitícola, con el objeto de contribuir a mantener ésta permanentemente actualizada”.
Ambas partes se comprometen también a colaborar la una con la otra en proporcionarse el apoyo técnico que sea necesario para lograr el fin que se busca.
