La Junta retira el "decretazo" sanitario
La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves la retirada del decreto del pasado mes de noviembre de prestaciones personales obligatorias, el documento que obligaba a los sanitarios a ponerse a disposición de la pandemia dando a Sanidad la posibilidad de reorganizar turnos, horarios y funciones.
Publicada derogación del "decretazo" sanitario
Igea acusa al Gobierno de seguir sin tomar decisiones
El decreto, aprobado por el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, fue el que levantó 'en armas' a los sanitarios, que han protestado en numerosas ocasiones por su aprobación.
El vicepresidente Francisco Igea ha explicado en rueda de prensa de manera sucinta que, por la situación actual, ya no es necesario un decreto así que pone a disposición de Sacyl a todos los profesionales en una situación de alta emergencia
El decreto fue aprobado por sorpresa y publicado en un Bocyl un sábado por la mañana con la firma del presidente de la Junta.
Se hizo el 14 de noviembre teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la salud pública para reforzar la prestación sanitaria.
El decreto recogía que para garantizar la salud de la población se podrán adaptar los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos, profesionales sanitarios en formación, las guardias médicas, el personal con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal.
El coordinador del área de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, ha asegurado que la derogación anunciada hoy responde a la “debilidad” del Ejecutivo de Mañueco.
Concretamente, ha señalado que el movimiento precipitado y sin muchas explicaciones anunciado hoy tras el Consejo de Gobierno es, en realidad, gracias a la Proposición No de Ley (PNL) registrada ayer por el Grupo Socialista en la que se pide la derogación de un decreto aprobado unilateralmente por el presidente de la Junta en contra de todos los grupos políticos y de la Mesa de la Sanidad en su conjunto.
Moreno ha subrayado que la derogación del decreto es uno de los efectos de la moción de censura contra el Gobierno de la Comunidad, que ha quedado en “manifiesta debilidad” al perder la mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad.
“Esta decisión de la Junta es en respuesta a esta iniciativa registrada por el grupo mayoritario de la Cámara. El Gobierno de Mañueco está ahora en minoría y sabían que iban a perder la votación, por lo que no han tenido más remedio que tomar esa decisión para no quedar en evidencia pública su debilidad”, ha apuntado Moreno.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno regional, que retira el decreto de prestaciones laborales del personal sanitario, conocido como ‘decretazo’ sanitario.
La medida, impuesta por la Junta de Castilla y León, había generado en el colectivo sanitario una situación de incertidumbre e inseguridad, que en ningún momento queda ahora restituida por este anuncio del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.
A pesar de la decisión del Ejecutivo regional, CSIF ha confirmado que mantendrá el recurso en el Tribunal Supremo, hasta que no haya garantías palpables de la anulación del decreto.
