La Junta destina 1,8 millones a garantizar el abastecimiento de agua potable en medio rural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado en su última reunión la concesión directa de subvenciones a las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León por un importe total de 1,8 millones de euros para financiar actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por problemas de escasez, así como la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales municipales.
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Estas ayudas permitirán subvencionar el 50 por ciento del coste de los suministros de agua potable y de las obras ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2027, con hasta 200.000 euros por provincia.
El suministro de agua potable tendrá carácter prioritario dentro de esta línea de ayudas, con el objetivo de dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento provocados por causas sobrevenidas, como la falta de caudal, la contaminación de las fuentes de suministro o averías en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.
Cuando sea necesario recurrir al abastecimiento mediante cisternas o agua embotellada, este deberá cumplir con las exigencias sanitarias establecidas en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua para el Consumo Humano de Castilla y León.
Además de atender situaciones de emergencia, estas subvenciones permitirán financiar obras de mejora en infraestructuras hidráulicas municipales, tanto en redes de abastecimiento como en instalaciones de saneamiento, reforzando la capacidad de respuesta de las entidades locales ante incidencias que puedan comprometer el suministro o la calidad del agua.
La Junta mantiene desde hace años una línea continuada de colaboración con las diputaciones provinciales para atender estas necesidades básicas en el medio rural.
Desde 2016, estas ayudas financian con carácter general tanto el suministro extraordinario de agua potable como la ejecución de obras, consolidando un instrumento de apoyo esencial para garantizar un servicio básico en los municipios de la Comunidad, especialmente en aquellos con menor capacidad económica y técnica para afrontar este tipo de actuaciones.
