Castilla y León urge una nueva financiación sin privilegios

Los presidentes de las seis comunidades, en las que vive el 21 por ciento de la población a pesar de representar el 52 por ciento del territorio, exigen un nuevo modelo de financiación que se base en el respeto a la Constitución y sobre todo en el principio de igualdad de todos los españoles, que garantiza que todos tengan los mismos derechos independientemente del lugar en el que vivan.

Con este documento, los populares Alberto Nuñez Feijóo (Galicia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y los socialistas Javier Lambán (Aragón), Javier Fernández (Asturias) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), pretenden transmitir al Gobierno de España la necesidad "perentoria" de definir un nuevo modelo, que debe de ser objeto de un consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la rueda de prensa posterior, los seis presidentes han coincidido en rechazar cualquier intento de bilateralidad.

"Lo que afecta a todos, lo decidiremos ente todos; no puede haber 17 regímenes bilaterales", ha enfatizado García Page.

Sus exigencias pasan por que en la reforma se potencie el principio de suficiencia y se garantice, según ha explicado Lambán, que las necesidades financieras se fijan atendiendo el coste real de los servicios en unas comunidades muy despobladas, envejecidas, con unas condiciones orográficas muy especiales y con una elevada dispersión de la población.

En la Declaración de Zaragoza se demanda que, tras la reforma, ninguna autonomía empeore su posición financiera, y también que se respete el principio de lealtad institucional.

En concreto, ha explicado Herrera, que cuando el Gobierno de España tome decisiones "legítimas" que impliquen más gasto a las autonomías, este no se les "endose" a las comunidades.

Los seis presidentes consideran que es necesario mejorar sus recursos para prestar servicios de calidad, y exigen por tanto que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017, ya que en caso contrario el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a las autonomías.

La lucha contra la despoblación es otro de los ejes de la declaración y, en este sentido, los presidentes hacen hincapié en la necesidad de una estrategia europea sobre el cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y fondos de la Unión.

La política de cohesión, a su juicio, tiene que estar al servicio de los nuevos retos, entre ellos el demográfico, opinan.

Y su dotación no puede basarse solo en un único indicador, el PIB per cápita, sino también en la evolución de la población, en la dispersión, en el envejecimiento, o en la emigración joven o en la caída de la natalidad.

El documento se enviará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros implicados para tratar de forzar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esta reunión, según han coincidido en señalar todos los presidentes, "no va contra nadie", ni siquiera contra los "sucesivos" gobiernos de la nación, sino que pretende servir de ayuda al Ejecutivo central para que ponga en práctica criterios "de justicia y cohesión", ha dicho Lambán.

Para Herrera, en el año en el que se cumplen cuarenta de la promulgación de la Constitución Española, el acto de hoy es un "ejercicio rabioso de autonomismo constitucional", que pretende ser útil a través de una "cooperación en positivo".

García-Page ha insistido que este foro de presidentes, que deberían ser "más frecuentes", tiene "vocación de permanencia" desde el punto de vista de los intereses territoriales, que no es lo mismo que "los egoísmos territoriales".

Según Ceniceros, es necesario decir "alto y claro" que las diferencias entre los diferentes Estatutos de Autonomía no pueden acarrear privilegios a determinados territorios, mientras que Fernández ha insistido en que los asuntos tratados condicionan el futuro de las seis autonomías y pretende conseguir, en el seno del Estado, una "equidad sin privilegios".

Feijóo, por su parte, ha alabado el consenso al que han llegado seis presidentes de dos colores políticos diferentes que quieren participar en el diseño de la España autonómica y que urgen a que la reforma del sistema de financiación se lleve a cabo esta misma legislatura