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UGT: 2020, un año poco halagüeño en mercado laboral

El cierre de 2020 ha sido, para Castilla y León, poco halagüeño en datos de contratación y desempleo, según el balance realizado por UGT de Castilla y León.

El volumen de contratación se ha reducido el año pasado el 30 por ciento respecto a 2019, lo que en cifras absolutas suponen 19.643 contratos indefinidos menos y 270.174 contratos temporales menos.
Sólo el 10,10 por ciento de la contratación realizada en 2020 fue indefinida.
El desempleo ha aumentado del 12,70 por ciento hasta el 15,12 por ciento, siendo la media anual en Castilla y León del 14 por ciento.
Del empleo destruido entre los meses de marzo y abril (más de 36.000 afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León) se había recuperado casi la práctica totalidad hasta septiembre. Pero en el último trimestre del año se han vuelto a perder más de 19.000 empleos.
Para el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, “es urgente que la economía se reactive” y que en estos primeros meses de 2021 se transite por la senda del “incremento de ingresos como vía para aumentar el consumo” y, con ello, la actividad empresarial.
Además, desde UGT consideran que es necesaria una reforma tanto del sistema productivo como de la organización del trabajo para poder equiparar los beneficios empresariales con los ingresos de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el secretario de política sindical ha señalado que “las Administraciones han de realizar también el máximo esfuerzo para, sin hipotecar a futuras generaciones, prestar las ayudas necesarias a empresas y trabajadores. Ingresos, producción y consumo forman un engranaje cuyas partes deben estar perfectamente engrasadas para que el mecanismo funcione, funcionando así la economía”.
“Uno de los aspectos irrenunciables de nuestra acción sindical seguirá siendo”, ha señalado Santa Eufemia, “exigir al Gobierno de la nación la derogación de la reforma laboral de 2012. Es un paso necesario para reequilibrar la balanza de las relaciones laborales a favor de los trabajadores. Esta derogación debe acompañarse también de una drástica reducción de las subcontrataciones, de las que se está haciendo un uso abusivo, así como de endurecer las medidas contra el fraude a la Seguridad Social”.
El responsable de la Política Sindical de UGTCyL se ha manifestado claramente defensor del mantenimiento de la cobertura de los ERTEs, cuya prórroga hasta el mes de mayo, fecha en la que, en
principio, termina el estado de alarma, se encuentra todavía pendiente de un acuerdo entre las partes, que parece cada vez más cercano. En este sentido ha ido un paso más allá al manifestar que debería verse la
evolución económica y sanitaria, “alargando hasta finales de año la suspensión de contratos como blindaje frente a la destrucción de empleo”.

Sin esta cobertura de los ERTEs en Castilla y León llegaríamos a unas tasas de desempleo del 20% y “una Comunidad, un Estado con más del 20 por ciento de paro estarían abocados a la devaluación y degradación económica y sociolaboral”.
Por último, Santa Eufemia ha señalado una serie de pautas de actuación para 2021 que pasan por el mantenimiento de los acuerdos en el Diálogo Social, tanto a nivel de Castilla y León como de España, para
inyectar liquidez a las empresas y mantener los puestos de trabajo, así como a las familias para que consigan hacer frente a los gastos básicos y poder conseguir un incremento del consumo.

También ha apuntado la necesidad de aumentar la contratación de calidad y poner freno a la precariedad laboral y no solo en la empresa privada sino también, tal y como viene demandando desde hace mucho tiempo UGT, en la mayor empresa de la Comunidad en cuanto a volumen de trabajadores en plantilla, la Junta de Castilla y León.
Además ha exigido el impulso definitivo con la creación de oportunidades para los desempleados mayores de 45 afectados por el “edadismo” (casi 2 millones en España y más de 95.000 en Castilla y León), práctica descabellada de las empresas que les arroja al paro de larga duración sin ningún miramiento, “un país no puede dejar a un colectivo con edades avanzadas, y que tantos años cotizaron, anclados en el desierto del olvido laboral”, ha sentenciado.