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Plataforma Social denuncia falta de cumplimiento de Ley de residencias de personas mayores

Veinte meses después de la aprobación de la Ley de residencias de personas mayores, la Junta sigue sin establecer el personal mínimo para garantizar la atención centrada en la persona, según ha denunciado la Plataforma Social de Castilla y León.

En abril de 2024 se aprobó esta ley con el compromiso de que en enero de 2025 se establecería la ratio de personal con el que deben contar los centros residenciales y centros de día.

Después de las decenas de alegaciones presentadas por los colegios profesionales y la Plataforma Social, ha finalizado 2025 sin que la Junta haya aprobado el Decreto que debe establecer dicho número de profesionales.

Castilla y León es la Comunidad con más plazas residenciales de personas mayores, pero el 80 por ciento son privadas, por lo que establecer desde la Administración el personal mínimo que deben tener los centros residenciales es fundamental para garantizar la adecuada atención a las personas en situación de dependencia.

Desde la Plataforma Social han venido denunciando la política de “bajo coste” que está desarrollado la Junta de Castilla y León, basada en conceder pequeñas ayudas para acudir a las residencias privadas.

Dichas ayudas no cubren ni el 10 por ciento de su coste.

Castilla y León se ha convertido en un nicho de negocio de los grandes grupos empresariales, según ha apuntado.

 En la Comunidad sólo hay una plaza pública por cada 28 personas de más de 80 años.

Otro incumplimiento con el que ha finalizado 2025: el nulo incremento de las plazas de convalecencia sociosanitaria.

En Castilla y León hay sólo 114 plazas destinadas a aquellas personas que son dadas de alta en 48 horas tras una intervención quirúrgica, y que necesitan un periodo de recuperación, no valiéndose por si mismas.

Desde la Plataforma Social han venido denunciando los reiterados incumplimientos de los compromisos firmados por la Junta de Castilla y León, como el de aumentar el 60 por ciento el número de plazas de convalecencia sociosanitaria, firmado en el Acuerdo del Diálogo Social de 2018; o el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social firmado por todos los grupos parlamentarios después de la pandemia.

Por ello ha demanado que se cumpla urgentemente con la Ley de Residencias de Castilla y León, y con la creación de plazas de convalecencia sociosanitaria, para dar cumplimiento a los acuerdos firmados.