Las recomendaciones del CES para mantener la población inmigrante en Castilla y León
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León considera que mantener la población inmigrante en la Comunidad es fundamental para su desarrollo.
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Lo asegura en un estudio realizado a iniciativa propia titulado 'La situación de la población inmigrante en Castilla y León”, y que refleja que en 2024, ni más ni menos que 2.061 los municipios de Castilla y León contaban como empadronados con algún residente nacido fuera de España. O en otras palabras, "hay foráneos en el 92 por ciento del total de municipios regionales".
El análisis apunta que las personas nacidas fuera de España, residentes en Castilla y León a fecha 1 de enero de 2025, ascendían a 275.202, lo que supone un 11,59 por ciento del total de población residente, 11,19 por ciento de los hombres y 11,98 por ciento de las mujeres, con un aumento respecto a los registrados en 2024 (256.685).
Al respecto, aunque considera el dato "significativo", recalca que "está muy por debajo dela media nacional, que alcanza el 19,03 por ciento, con un 18,81 por ciento de los hombres y 19,23 por ciento de las mujeres.
La situación demográfica actual de Castilla y León es el resultado de una evolución negativa consolidada desde mediados del siglo XX.
Este proceso se originó con el éxodo rural de las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo, cuando pequeños propietarios agricultores, ganaderos y trabajadores por cuenta ajena emigraron hacia centros urbanos y regiones industriales prósperas en busca de nuevas oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.
En el siglo XXI, Castilla y León se enfrenta a una segunda ola de despoblación que presenta características diferenciadas, ya que, actualmente, son las personas jóvenes con alta cualificación las que abandonan tanto el medio rural como las ciudades medias y capitales provinciales hacia metrópolis nacionales y europeas, según señala el CES en su estudio.
Además, esta segunda ola de despoblación se caracteriza por la desvitalización del medio rural, con áreas que sufren un envejecimiento extremo, caracterizadas además por una masculinización y una densidad de población muy baja, cayendo en algunos casos por debajo de los8 hab./km².
Mientras el ámbito rural se vacía, las zonas urbanas también se enfrentan a retos demográficos, como la caída de la natalidad, tasas de envejecimiento igualmente elevadas, aunque menores que en el medio rural.
“Ante este panorama, la llegada de personas nacidas en el extranjero se percibe como una esperanza para afrontar el reto demográfico en comunidades autónomas como Castilla y León, planteando desafíos ante su acogida e inclusión”, subraya el CES.
La evolución demográfica de Castilla y León en el siglo XXI difiere del comportamiento nacional, ya que mientras que España registró un crecimiento poblacional del 18,5% entre 2001 y 2024, Castilla y León registró una disminución del 3,94%.
Cabe destacar, que esta dinámica no es uniforme en todo el territorio autonómico, siendo Zamora, Palencia y León las que arrojan saldos negativos, mientras que Segovia, Valladolid y Burgos presentan tasas positivas, aunque siempre por debajo de la media nacional.
Dinámica natural
A escala municipal, se puede observar que el ámbito rural menos dinámico y más despoblado, que aglutina el 20% de la población y el 87% de los municipios, ha registrado una pérdida de población entre 2001 y 2024 del 29%, superando la media autonómica.
Analizando la dinámica natural de la población en Castilla y León se observa que entre 2001 y 2023 la tasa de crecimiento vegetativo es negativa, contrastando con la dinámica progresiva de España hasta 2014, contabilizándose tasas negativas en los años sucesivos.
El análisis provincial muestra que en el periodo 2001 y 2023 Zamora, León, Palencia, Ávila y Soria presentan valores más negativos del crecimiento vegetativo.
Castilla y León presenta una estructura demográfica caracterizada por un doble envejecimiento, por la base, debido a la falta de nacimientos, y por la cúspide, por la longevidad.
Castilla y León contaba en 2024 con 243 personas mayores por cada 100 jóvenes, una cifra superior a los 154 de España, mientras que en 2001 estas cifras eran 189 y 117 respectivamente. En el medio rural más despoblado esta cifra alcanza las 553 personas mayores por cada 100 jóvenes (en 2001 era 399), siendo en las zonas urbanas el índice de envejecimiento de 198 personas mayores de 64 años por cada 100 personas jóvenes (132 en 2001).
La edad mediana en Castilla y León en 2024 se situó en 50 años y en 42 en España, mientras que en 2001 era de 45 años en el primer caso y de 38 en elsegundo; es decir, la edad que divide a la población en dos mitades iguales ha aumentado en 5 años en Castilla y León y en 4 en España.
El auge de la llegada de población inmigrante a Castilla y León comenzó a principios del siglo XXI, impulsado por la necesidad de mano de obra en sectores con escasa demanda autóctona durante los periodos de bonanza económica.
Los flujos migratorios han estado marcados por los ciclos económicos, con un incremento constante hasta la crisis de 2008, y registrándose un punto de inflexión marcado por la crisis financiera (2008-2014)y posteriormente por la pandemia de la Covid-19, registrándose en ambos periodos salidas de población inmigrante del territorio castellano y leonés.
La situación actual se caracteriza por un nuevo crecimiento gracias a la reactivación económica.
Por otra parte, existen desequilibrios por sexos en la estructura poblacional de Castilla y León con una masculinización clara en las edades jóvenes (hastael grupo de 50 a 54 años), población clave para la dinámica laboral y reproductiva, mientras que en las edades avanzadas se produce una feminización, siendo mayor la proporción de mujeres a partir del grupo de 65 a 69 años, debido a la mayor longevidad femenina. En el grupo de más de 90 años existen 45 hombres por cada 100 mujeres.
El cambio del siglo XX al siglo XXI marcó un punto de inflexión en los flujos migratorios de España y, por extensión, de Castilla y León.
Históricamente, el país se caracterizó por la emigración: desde las oleadas hacia América en el XIX y el norte de África a inicios del XX, hasta el éxodo hacia Europa entre1950 y 1975. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, esta tendencia se invirtió. Impulsada por una economía en auge España se consolidó como un polo de atracción para la inmigración internacional. Así, los datos de población empadronada muestran como la población de nacionalidad extranjera ha pasado de 55.530 personas en 2003 a 169.179 en 2024.
Si se considera el lugar de nacimiento, la cifra asciende a 275.202 personas en 2025, representando el 11.59% del total. Por países de procedencia, son mayoritarias las personas de origen colombiano, marroquí, rumano, venezolano y búlgaro.
Analizando los datos globales de la estructura por sexo y edad de las personas residentes nacidas fuera de España podemos observar que en Castilla y León el 85% se encuentra en el tramo de 15 a 64 años (edad de trabajar),siendo el grupo de 30 a 49 años el que tiene mayor volumen, aportando el16,6% de los hombres y el 20,7% de las mujeres de ese grupo, casi el doble que su aporte en el conjunto de la población. Esto también se refleja en quela edad media de esta población que no llega a los 34 años.
Además, el grupo de residentes extranjeros está claramente feminizado en la actualidad, siendo un fenómeno relativamente reciente que arranca a partir de la recuperación de las entradas de inmigrantes tras la recesión de 2008‐2014, momento en que se produce un vuelco en la composición por sexos de la inmigración, pasando de un 47,8% al actual 52,9% de mujeres.
El incremento de las reagrupaciones en el último decenio es una de las razones que ha incrementado el porcentaje de mujeres en la composición demográfica del colectivo inmigrante.
Esta característica difiere según el origen, ya que la feminización es muy alta en la población procedente de países latinoamericanos, como Colombia (58%) y Venezuela (55%), y ha crecido significativamente entre las personas procedentes de China (60%). En contraste, el colectivo de personas procedentes de países como Marruecos sigue masculinizado (42% mujeres).
En los espacios urbanos y periurbanos la feminización de las personas residentes nacidas fuera de España alcanza sus máximos niveles, siendo lo más llamativo la diferencia del peso que las mujeres de procedencia no nacional tienen en los espacios rurales frente a las nacidas en nuestro país.
La población inmigrante tiene una ventaja competitiva en términos de potencial laboral debido a su estructura de edad joven, presentando tasas de actividad más altas que la población autóctona. El peso de la población potencialmente activa (15 a 64 años) entre los nacidos en el extranjero es claramente alto, alcanzando el 85%, frente al 60% de las personas nacidas en España.
Recomendaciones
Para lograr una visión común, equilibrada y realista que reconozca y normalice la aceptación de la inmigración como un fenómeno estructural de nuestra sociedad, el CES recomienda el impulso de políticas de convivencia e inclusión social, que ponga en valor la diversidad de orígenes, desarrollando actuaciones dirigidas a tender puentes, favorecerla convivencia intercultural y la inclusión, en cumplimiento de la Ley3/2013, de 28 de mayo, de inclusión de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León
El carácter fundamentalmente económico de la inmigración justifica que su cadencia se adecue a los ciclos expansivos o regresivos de la economía, lo que demuestra que la inmigración es importante en determinados momentos para ciertas actividades económicas, por lo que el CES considera que es necesario contar con políticas adecuadas que favorezcan su inclusión, ya que así se podrá reforzar el potencial de crecimiento económico que aporta esta población
Además estima necesario aprobar una nueva planificación estratégica de cohesión social, convivencia intercultural e inclusión social y laboral de la población inmigrante en Castilla y León, teniendo en cuenta que el último Plan (IV Plan Estratégico) finalizó su vigencia en 2022 y cuya aprobación fue fruto del Acuerdo del Diálogo Social de Castilla y León enmateria de migraciones para la inclusión sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural para el período 2018-2021.
El CES considera además necesario que, desde el consenso, se actualice la citada planificación estratégica que permita diseñar una política migratoria propia, equilibrada e integral. Esta nueva planificación debe sustentarse en el diálogo social y contar con una dotación presupuestaria suficiente que garantice una atención estable y continua, evitando intervenciones meramente puntuales.
El CES recomienda que se impulsen medidas de acogida inicial y acompañamiento personalizado, especialmente para niños, niñas, adolescentes y familias vulnerables y se aborde el impulso de la educación en igualdad para prevenir el abandono escolar y favorecer la cohesión social.
Este Consejo recomienda que las administraciones públicas de Castilla y León impulsen, de manera coordinada, campañas de sensibilización a favor de la diversidad cultural, que evidencien la importante contribución social, económica y demográfica de las personas inmigrantes, ya que esto ayuda a contrarrestar los mensajes xenófobos que dificultan la plena integración en igualdad de oportunidades de la población inmigrante.
El aporte de la población extranjera es crucial porque mejora los datos demográficos de Castilla y León al aumentar la natalidad y reducir la edad media, contribuyendo así en una sociedad especialmente longeva. La gestión adecuada de los flujos migratorios se percibe como una herramienta clave para el desafío demográfico en la comunidad, por lo que Castilla y León tiene que verse atractiva para aquellas personas que se quieran asentar en el territorio, contribuyendo a la lucha contra la despoblación.
La situación administrativa irregular condiciona la inclusión de la población inmigrante, lo que se traduce en una mayor vulnerabilidad para esta población. Desde el CES se recomienda reflexionar, desde el mayor consenso posible y tras una evaluación en el marco del diálogo social, sobre los ajustes necesarios para reducir las situaciones de irregularidad, con el objetivo final de combatir la economía sumergida, garantizar los derechos laborales y permitir que las empresas cubran sus necesidades de mano de obra.
Es necesario implementar medidas que permitan un mejor aprovechamiento de la cualificación y experiencia de origen de estas personas, favoreciendo los procesos de homologación de títulos extranjeros y acreditación de la experiencia
