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Castilla y León

IU insiste en gestión pública de energía hidroeléctrica

Izquierda Unida ha considerado necesaria la recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado para poder ser gestionados desde el sector público en condiciones favorables para el interés común.

IU insiste en gestión pública de energía hidroeléctrica

La formación de izquierdas en Castilla y León ha solicitado a través del grupo parlamentario Unidas Podemos una modificación en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

España tiene unos de los mercados eléctricos más privatizado de la Unión Europea y recuerdan que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía.

En el caso concreto de Castilla y León, la comunidad lidera en producción hidroeléctrica, con un 23,5 por ciento de la producción a fecha de 2021.

En Castilla y León hasta ocho concesiones hidroeléctricas caducan en los próximos años.

El objetivo de esta propuesta, según ha subrayado en un comunicado, es sacar de la lógica de mercado y beneficios un bien básico como la energía eléctrica, y repercutir los beneficios en el ente público y las familias que han visto disparada la factura.

Desde la coalición liderada por Juan Gascón defienden que posibilitaría la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas. Buscar así, otros fines de utilidad pública y social para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable.

“Desde IU defendemos que los intereses de la ciudadanía, de las pymes y de los autónomos deben estar por encima de los grandes beneficios de las eléctricas. La gestión pública, nos permitiría poner este sector estratégico para nuestras familias y empresas al servicio de interés general, con una mejor gestión medioambiental y repercutir en beneficios para las comarcas donde se encuentran.” ha afirmado Gascón.

Para ello han instado al Gobierno de España que declarar la extinción de los derechos relativos a los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas de Castilla y León a través de la tramitación de expedientes de devolución al estado de los derechos, bienes e instalaciones conforme vayan finalizando los plazos de las concesiones realizadas a empresas privadas.

 

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