Exigen nueva normativa para frenar alta mortalidad de avifauna en tendidos eléctricos
Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta de Castilla y León una nueva normativa para frenar la alta mortalidad de avifauna en los tendidos eléctricos de Castilla y León.
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La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha registrado una solicitud formal dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León para instar a la elaboración de una nueva disposición general de carácter reglamentario. El objetivo principal es establecer un marco jurídico sólido y eficaz que prevenga, detecte y corrija la alarmante mortalidad de avifauna y otra fauna silvestre causada por la electrocución y la colisión con líneas eléctricas aéreas de alta tensión en todo el territorio autonómico.
La siniestralidad en los tendidos eléctricos se mantiene en cotas muy elevadas en Castilla y León, en torno al 13,5% de todas las entradas en los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) según los datos recopilados por la propia asociación a partir de las memorias anuales de estos centros oficiales en el año 2021 se registraron 874 entradas, en los años 2022 y 2023 se produjo una estabilización de los ejemplares afectados con 630 y 640 casos respectivamente, sufriendo un repunte significativo en los años 2024 y 2025 superando los 1.000 casos (1.046 en 2024 y 1.034 en 2025).
Para los ecologistas, estas cifras evidencian una realidad insostenible que afecta de manera directa a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón. Una realidad que es mucho más negra si añadimos que hay cientos de miles de apoyos sin aislar, y en CyL sólo se inspeccionan unos pocos miles al año. Así, por ejemplo; hay estudios que estiman que sólo se detectan el 15% de las aves electrocutadas, y eso significa que en CyL mueren electrocutadas 6.600 grandes aves al año.
La solicitud presentada busca corregir los errores jurídicos que motivaron en 2022 la anulación judicial de la anterior Orden FYM/79/2020 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dotando a la nueva norma de los estudios técnicos y la tramitación preceptiva necesarios para declarar a toda la comunidad como Zona de Protección. Ese compromiso lo adquirió públicamente la Junta de CyL tras recibir la Sentencia, pero han pasado 4 años, y nada se sabe de ello.
Entre las peticiones fundamentales trasladadas para ser introducidas en la normativa y gestión de protección de toda la fauna silvestre contra la mortandad no natural en CyL están:
· La modificación integral de los tendidos: Se exige que, ante la detección de un punto negro o una línea peligrosa, los requerimientos de corrección y aislamiento se exijan a lo largo de toda la línea o tramo de riesgo; ya que ahora únicamente se aisla el apoyo puntual donde aparezcan aves muertas, siendo esperable e inminente que se electrocuten en apoyos cercanos de iguales characteristicas.
· Fijar plazos concretos y sanciones: Establecer un plazo máximo de un mes para que la administración tramite el requerimiento al titular tras constatar la mortandad, y un plazo improrrogable de cuatro meses para que las compañías eléctricas ejecuten las obras correctoras, abriendo expedientes sancionadores y de responsabilidad en caso de incumplimiento.
· Ampliación a otras infraestructuras y especies: Extender las medidas protectoras a los mamíferos y regular de forma preventiva los riesgos en aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua.
· Participación y transparencia: Crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna accesible para investigadores y ciudadanía, así como publicar en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL) la cartografía oficial de tendidos peligrosos y corregidos. Además, se solicita poner en marcha una campaña de divulgación ciudadana para facilitar el aviso rápido de ejemplares hallados por particulares.
La Federación de Ecologistas en Acción en Castilla y León ha confiado en que la Consejería asuma su competencia en materia de conservación del patrimonio natural y de seguridad industrial y, en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente, y con la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dé una respuesta firme y urgente a una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en Castilla y León.