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Castilla y León

El panorama sombrío del futuro de las pensiones en la Comunidad

El número de jubilados en Castilla y León sigue creciendo mes a mes, y la factura para pagar sus pensiones contributivas hace lo propio acrecentando el socavón de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Solo durante los diez primeros meses de este año en la Comunidad se han contabilizado más de 17.000 nuevos jubilados, que se sumaron a los más de 370.000 ya existentes a finales de 2017.

Según los datos que maneja la Seguridad Social, los castellanos y leoneses que durante este año han comenzado a percibir su pensión de jubilación han tenido unos ingresos medios de 1.300 euros. Una cantidad que asciende por encima de los 18.000 euros anuales si se tiene en cuenta que estos ingresan doce mensualidades y dos extras.

Una retribución que, a pesar de estar por debajo de la media nacional, lo cierto es que supera los ingresos medios que reciben el la mitad de los trabajadores de la Comunidad.

Tal y como consta en el último informe del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que elabora el Ministerio de Hacienda, el salario medio en 2017 de los 964.297 asalariados  de la región fue de 18.783 euros anuales, es decir, apenas 700 más que el de los nuevos jubilados.

Sin embargo, hay 550.000 trabajadores cuyos sueldos anuales se encuentran por debajo de las percepciones anuales de los nuevos jubilados.

Se trata de todos aquellos que perciben rentas por debajo de 1,5 veces el Salario Medio Interprofesional (fijado en 735 euros al mes).

Una realidad que pone en entredicho el mantenimiento del sistema de pensiones pública, toda vez que más de la mitad de los asalariados de la Comunidad ganan menos, y por tanto sus cotizaciones sociales son menores, que aquellos a los que tienen que garantizar sus pensiones.
Además, recientemente el Ejecutivo nacional avanzó que aprobará a principios de 2019 una subida general de un 1,6 por ciento en las pensiones aunque no se aprueben los Presupuestos Generales, desarrollando esta vía mediante un real decreto.
Los últimos datos de esperanza de vida y proyecciones de población auguran que este problema no hará sino enquistarse más en la Comunidad, teniendo en cuenta que el INE estima que dentro de quince años en Castilla y León habrá 734.000 personas mayores de 65 años, de los que la mayoría tendrán una pensión de jubilación.

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