Agroseguro: cuarenta años de protección al campo

Desde entonces, el seguro agrario no ha dejado de evolucionar en España para adaptarse a las demandas de los productores, así como a las cambiantes circunstancias socioeconómicas que el país ha ido experimentando.

Progresivamente, el sistema ha ido ampliándose a nuevas producciones vegetales y animales e introduciendo de forma gradual nuevos riesgos y coberturas, lo que llevó a que en 2010 el sistema contara con más de 140 líneas de seguros.

En la segunda década de este siglo, se implantó un nuevo sistema de gestión que agrupó por sectores productivos a los diferentes seguros, primero agrícolas y después pecuarios, de forma que, en la actualidad, la práctica totalidad de las producciones agropecuarias pueden asegurarse contra la mayoría de los riesgos que pueden afectarles.

La cartera de seguros agropecuarios comprende en la actualidad 44 líneas de seguro diferentes (28 para cultivos, 12 para producciones pecuarias, 3 para producciones acuícolas y 1 para forestales), dentro de cada una de las cuales es posible elegir entre varios niveles (módulos) de cobertura y entre varias opciones de condiciones.

A lo largo de sus 40 años de funcionamiento, el seguro agrario, gestionado por Agroseguro, ha contribuido a la protección efectiva de los productores frente a eventos climáticos de carácter catastrófico caracterizados por un elevado volumen de pérdidas.

La siguiente tabla resume la evolución de las principales cifras del seguro agrario en España desde sus inicios:

Cifras en millones de euros, excepto número de pólizas

Como puede observarse, tanto los capitales asegurados como el volumen de primas se han ido prácticamente doblando en cada década, aunque el crecimiento porcentual se ha ralentizado en la última, tanto por el volumen ya alcanzado como por la propia desaceleración económica de los últimos años.

Algunas claves del éxito

La base fundacional del sistema español de seguros agrarios, clave de su éxito, es un esquema legal de colaboración público-privada en el que la Administración Pública, personificada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), promueve un diseño de las coberturas que se ajuste específicamente a las necesidades sectoriales –mediante  su discusión en foros multilaterales con participación de aseguradoras, de representantes de agricultores y ganaderos y de las comunidades autónomas–, y, por añadidura, subvenciona de forma muy importante –como adicionalmente hacen también las comunidades autónomas– el coste del seguro que ha de afrontar el productor; y las entidades aseguradoras, por su parte, desarrollan y comercializan las coberturas y aportan la técnica y la solvencia que les son propias, garantizando las siniestralidades potencialmente extremas con el apoyo, además, de una protección de reaseguro público a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros.

Este sistema ofrece grandes ventajas tanto para el sector público, que puede presupuestar y limitar sus aportaciones –la valoración profesional de los daños permite ajustarlos mejor, y las desviaciones son asumidas por el coaseguro– como para el sector productor, que disfruta de una garantía que se ajusta a las pérdidas reales y que no depende de inciertas ayudas públicas ad hoc.

El dinamismo de este sistema asegurador ha estado, en estas cuatro décadas, a la altura del propio de la actividad agraria hasta convertirse, por su universalidad, eficacia, objetividad, transparencia y, en definitiva, excelencia, en una referencia internacional.