Las familias siguen confiando en Escuelas Católicas

Inicio de curso tranquilo y con cierta incertidumbre en los centros Escuelas Católicas de Soria.

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Después de tres cursos con restricciones sanitarias los 5 centros de la provincia de Soria pertenecientes a la patronal mayoritaria de colegios católicos concertados de Castilla y León han comenzado el curso 2022-2023 sin sobresaltos pero con varios desafíos por delante.

2.108 alumnos y 220 profesionales acudirán a sus aulas, con un crecimiento mínimo del 0,5%, lo que ofrece una representatividad total del 16% en la provincia.

Isabel Ania, representante provincial de Escuelas Católicas en Soria, explicaba hoy en una rueda de prensa celebrada en el Colegio Santa Teresa de Jesús Escolapias que elegir un colegio de Escuelas Católicas u otro centro concertado “permite a la sociedad disfrutar de un sistema educativo con libertad, con pluralidad, con equidad y con calidad”. Por esta razón, la delegada quiso agradecer a las familias sorianas “la confianza depositada en nuestros centros un curso más”.

“Seguimos caminando centrados en una misión común puesto que creemos en una educación que ofrece un proyecto común avalado por su experiencia, calidad, estabilidad, innovación y compromiso. Una educación que apuesta por una formación en valores, la atención personalizada, una gran estabilidad y calidad del profesorado y un buen clima social, aspectos que ayudan a desarrollar las capacidades de cada alumno y que las familias saben reconocer en nuestros centros”, ha comentado Ania.

Por su parte, Leandro Roldán Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León recalcó que el curso comienza “con la incertidumbre provocada por factores externos como la precipitada puesta en marcha de la LOMLOE o la situación de crisis e inflación”. La patronal reúne en Castilla y León a 99.155 alumnos, 9.529 profesionales y 173 centros, y cuenta en total con una representatividad del 29% del alumnado en la educación de la comunidad. “Las familias vuelven a confiar en el proyecto común, de calidad, valores e innovador”, ha subrayado.

“El curso 2022-2023 estará marcado por el fin de las restricciones sanitarias, pero también por la alta inflación o el descenso de la natalidad en Castilla y León y la apresurada implantación de la nueva ley de educación, con una urgencia innecesaria que perjudicará a la calidad de enseñanza. Ha provocado trabajo extra, ha generado inquietud por el gran cambio del enfoque educativo, también retrasos en el desarrollo curricular en Castilla y León, no publicados hasta ahora y con la consiguiente falta de tiempo para realizar programaciones adaptadas o disponer de materiales actualizados, o incluso dudas en cuanto a la promoción, titulación o la nueva selectividad.

“Será un curso incierto en lo académico y no son las condiciones óptimas para implantar una reforma educativa”, añadió Leandro Roldán. “Deberíamos remar hacia un pacto educativo global porque si no esta ley está abocada a un nuevo cambio. La comunidad educativa no debería estar expuesta a los vaivenes normativos políticos”, explicó. “Por nuestra parte, trabajaremos porque nuestros departamentos jurídico y formativo puedan dar respuesta a las necesidades del profesorado y equipos directivos en este periodo”, subrayó.

Insuficiente partida de otros gastos

Además, los centros concertados tendrán que lidiar con los efectos de la subida del precio de la energía y de una inflación por encima del 10% que repercutirá en la situación económica de los colegios y también de las familias, con un aumento de costes de los diferentes servicios escolares (comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares).

“Un sobrecoste que sufrirán familias y centros y más teniendo en cuenta que el módulo de conciertos sigue siendo insuficiente para contrarrestar esta inflación ya que se necesitaría aumentar incluso hasta un 20%. Será un curso más preocupante si cabe, y ya venimos de varios cursos anteriores muy duros. Por eso se hace más necesario que nunca el aumento de la partida de Otros Gastos (que se destina al pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y al mantenimiento del centro: luz, calefacción, reparaciones ordinarias…), una partida que sigue siendo insuficiente en Castilla y León ya que los costes reales del funcionamiento de un centro educativo son ahora mucho más deficitarios”, remarcó el secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.

Gratuidad en Infantil 2-3 años 

La previsión sobre el número de alumnos total en las aulas de Escuelas Católicas es de un 0,5% más que el curso anterior. Un aumento causado por la puesta en marcha de la gratuidad para los escolares de 2-3 años. “Supone una gran apuesta y un esfuerzo económico por parte de la Junta de Castilla y León, que agradecemos, ya que beneficia a todas las familias de Castilla y León. Es un avance que influirá positivamente en la conciliación familiar y en la ampliación de la libertad de elección de centros puesto que las familias que eligen colegios de Escuelas Católicas podrán también beneficiarse de esta gratuidad, evitando agravios comparativos”.

“Solicitamos que pueda extenderse a todo el primer ciclo de Infantil, tal y como ya ha anunciado el presidente de la Junta, y convertirse en un futuro en una concertación plena que ayude a todas las familias de la comunidad, para que cualquiera pueda acudir al centro que desee”, comentó Leandro Roldán.

72 centros de Escuelas Católicas, 4 de Soria, ofrecerán este nivel educativo adhiriéndose al programa de subvenciones ofrecido por la Junta de Castilla y León. En Castilla y León representan al 11% de todos los centros (653) que ofrecen este curso de forma gratuita, y tendrán 1.441 alumnos en sus aulas (14% del total), repartidos en 95 unidades. En Soria habrá 4 unidades con 77 alumnos (13% del total).

Familias que eligen en libertad 

“Un sistema educativo con libertad, con pluralidad, con equidad y con calidad es inviable sin la escuela concertada. Por eso confiamos que en Castilla y León se siga consolidando el apoyo de la Junta para garantizar la protección de un sistema educativo exitoso en su conjunto, que se sustenta y se complementa gracias a la calidad, equidad y equilibrio que ofrecen las dos redes, pública y concertada”, expuso el secretario autonómico de Escuelas Católicas.

“La escuela concertada es efectivamente un servicio público que permite que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, por lo que es necesario que no existan agravios comparativos y que las familias que eligen educación concertada puedan acceder en igualdad de condiciones al sistema de becas, ya sea de comedor, de transporte o cualquier otro derecho”.