La Subdelegación traslada a las OPAS las últimas medidas del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha transmitido hoy a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de la provincia que “el sector primario es una prioridad absoluta para la Subdelegación del Gobierno en Soria porque en esta provincia el papel de agricultores y ganaderos es determinante para mantener la población, el principal problema que tenemos”.

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Las OPAS, por su parte, le han comunicado que las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis de precios que arrastra el sector así como otras medidas, son insuficientes para responder a los retos del agro soriano, que tiene un perfil donde predomina el trabajador autónomo. 

Han asistido a la reunión representantes de ASAJA, COAG y UPA, con Carmelo Gómez, Alfredo Cabrerizo y José María Sanz, respectivamente, a la cabeza.7

“Este Gobierno ha demostrado que, además de dialogar, actúa”, ha señalado Latorre, en referencia al Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

Para el subdelegado del Gobierno, “son acciones que aparecían recogidas en el Boletín Oficial del Estado, la mejor herramienta para hacer política, apenas tres semanas después de la constitución de la Mesa del Diálogo Agrario”.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un amplio paquete de medidas concretas para responder a las demandas planteadas por los agricultores y ganaderos y que persiguen el objetivo de lograr un reparto más justo de los márgenes en la cadena de valor, mejorar las rentabilidades de las explotaciones y lograr precios justos.

Además de las acciones recogidas en el Real Decreto-Ley, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones agrarias un paquete adicional para responder a las demandas planteadas, que cubre ámbitos con repercusión muy directa en la provincia de Soria.

Latorre ha destacado la formación de los precios a lo largo de la cadena de valor, los seguros agrarios, el presupuesto de la PAC, el coste energético de las explotaciones agrarias, la fiscalidad, la financiación, los costes laborales y los regadíos.

Se ha hablado mucho de las modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria porque los agricultores y ganaderos han puesto el acento en sus últimas reivindicaciones en el precio que cobran por sus productos y en el que alcanzan esos mismos productos cuando los adquiere el consumidor.

La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios. 

Además, para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos operadores.

Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

Otra de las novedades es la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

Por último, en el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio.

Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

Tributación para jóvenes agricultores

“Pero se ha hablado menos”, ha dicho Latorre, “de otras medidas que para Soria son tanto o más importantes puesto que uno de los problemas añadidos de nuestro sector primario y, por añadidura, de nuestros pueblos es el envejecimiento”.

Así, en materia de fiscalidad, la norma aprobada la pasada semana introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.