El PP subraya que renuncia a PGE retrasa inversiones en Soria
Los parlamentarios populares por Soria han criticado la renuncia del Gobierno de España a elaborar y presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que suponen retrasar inversiones en la provincia más despoblada de España, una de las provincias españolas más necesitadas.
La Cámara califica la Soria-Castejón como una "vía estratégica"
TRIBUNA / Lo inconcreto, Soria y otros
El senador José Manuel Hernando ha resaltado en rueda de prensa que la renuncia a tramitar los PGE para 2024 es especialmente importante para Soria y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de despreciar a la Constitución y atacar constatemente a la igualdad, en claro contraste con la Junta, que está tramitando sus cuentas regionales.
“A una provincia como Soria la ausencia de PGE le resulta muy perjudicial, porque depende de transferencias e inversiones y tiene pendiente muchas de ellas, de las que dependen su futuro. Y la viabilidad de su tejido empresarial e industrial”, ha señalado
Hernando ha calificado de “especialmente dañino” para Soria la renuncia del Gobierno a contar con PGE en 2024, en una “cabalgada hacia el abismo, que pone a su juicio en serio peligro las instituciones y los territorios más desfavorecidos.
“Plantea una situación inédita en la democracia española, donde ni siquiera los plantea. Se trata de conservar los siete votos para conservar sus mayorías y a cambio no pisar charcos aunque de ellos resulte perjuicio para españoles y especialmente a los que viven en la España más despoblada”, ha censurado.
Por su parte, el diputado nacional Tomás Cabezón ha incidido que la presentación de PGE es una obligación constitucional, donde se demuestra voluntad del Gobierno sobre sus líneas estratégicas.
Cabezón ha asegurado que los sorianos no dependen ya sólo de los PGE sino lo que deciden en el Parlamento catalán.
Cabezón ha señalado que la falta de PGE afecta a dos proyectos fundamentales para Soria como la mejora de la conexión de Soria con el AVE, en Calatayud, donde el PSOE aseguró que la aprobación de levantar el obligado empadronamiento en Soria y el aumento de frecuencias, estaba ligado a la aprobación de los PGE, y las ayudas al funcionamiento, que cuentan con la aprobación en el Congreso de una iniciativa para que los nuevos autónomos pudieran este año beneficiarse de tarifa plana y el máximo aprovechamiento de estas ayudas que permite la UE.
Por ello han pedido al diputado socialista Luis Rey, que se abstuvo en la moción aprobada en el Congreso, dé una solución inmediata.
Además ha mostrado su preocupación por la anunciada electrificación de la Soria-Torralba y ha pedido al PSOE que diga cómo va a materializar su compromiso.
Además se ha referido al estudio de viabilidad de la Soria-Castejón, que debería estar sobre la mesa en enero, fecha en la que se cumplió la fecha del contrato.
“Nos preocupa las declaraciones de Puente en las que decía que cualquier inversión de Renfe debe tener un mínimo prisma de rentabilidad económica. Nos tememos lo peor”, ha apuntado.
Cabezón ha señalado que el alcalde de Soria fue muy beligerante durante un tiempo para constituir una plataforma con municipios por donde pasaba SoriaTorralba y le ha preguntado a Martínez que si sigue siendo reivindicativa o ve el declive de la era Sánchez.
En infraestructuras, Cabezón ha asegurado que las partidas abiertas para A-11 y A-15 de poco pueden servir porque las proyecciones presupuestarias son para “echarse a llorar”, ya que de la A-11, en el tramo Langa-Aranda, hay un millón de euros, y en el de 2023, en tramo Fuensauco-Villar, había dos millones para ejecutar.
“Nos están diciendo que este tramo lo van a realizar aproximadamente en ochenta años”, ha señalado.
En cuanto a las declaraciones del subdelegado del Gobierno sobre que está tranquilo que presupuestos de 2023 son espectaculares y se podrán realizar todas las inversiones en marcha, ha preguntado que si con 5 millones para inversiones en autovías se puede avanzar al ritmo que sorianos esperan en A-11 y A-15.
También ha censurado la falta de compromiso del Gobierno de España con la ejecución de la presa del río Mayor, en Tierras Altas, cinco años paralizada.
