CSIF analiza la grave situación de los servicios públicos
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en Soria esta mañana que la situación de los empleados públicos y de los servicios básicos ciudadanos que atienden, como la Justicia o la Sanidad, se encuentra en “un momento grave y tremendamente delicado” por la pasividad e ineficacia del Gobierno, que “sigue mirando para otro lado “.
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Los funcionarios de los juzgados y tribunales de toda España, de los registros civiles y del conjunto de los organismos dependientes de la Justicia, que en Castilla y León son unos 2.800 y en Soria 120, continúan los paros parciales indefinidos, para exigir que el Ministerio acepte una subida salarial digna para el colectivo, y que negocie y reconozca la labor y las funciones que desempeñan a diario, en el marco de las futuras leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital. Pero el Ministerio, de momento, no da muestras de querer negociar y de avanzar en un acuerdo.
La situación de emergencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) también urge un Plan de Recursos Humanos.
CSIF ha estimado, en palabras de Borrá, que “ha llegado la hora de que los políticos aborden la concreción de un pacto de Estado para reforzar nuestro sistema sanitario en Atención Primaria y hospitalaria, reformar el Estatuto Marco de la Sanidad, o mejorar las condiciones laborales de su personal, que ya se encuentra agotado y desbordado por las condiciones en las que está trabajando.
Por eso, los profesionales de la Sanidad están saliendo a la calle -en Castilla y León se han convocado huelga para los días 10 y 17 de mayo-, y el pasado día 18 “nos concentramos ante las subdelegaciones de España para que el Gobierno no demore más el reconocimiento de la jubilación anticipada voluntaria, porque se dan las circunstancias para aplicar coeficientes reductores, debido a las características y las condiciones del trabajo en Sanidad”.
Ante el panorama de las empleadas y empleados públicos, ha manifestado Borra, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentario, “para trasladarles nuestras propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública, con el fin de mejorar ese texto garantizando reivindicaciones fundamentales. El Proyecto está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debe tener una ley de esa magnitud, con muchos aspectos fundamentales que se regulan de forma deficiente e incompleta, o que ni siquiera están recogidas”.
El presidente nacional de CSIF ha celebrado este lunes, en Soria, una jornada de análisis de la situación de los servicios públicos y de sus empleados en España, Castilla y León y Soria, en la que ha estado presente el presidente autonómico del sindicato independiente en Castilla y León, Benjamín Castro.
Castro ha recordado que los servicios públicos de la Comunidad y la situación laboral de sus empleados también se encuentran en una situación “delicada”.
En este sentido, ha aludido a la huelga convocada en Sanidad -junto con otros sindicatos, que la propia Consejería ha forzado por su desidia y actitud, para exigir a la Junta una serie de medidas que refuercen y mejoren la Atención Primaria y la hospitalaria.
Ha lamentado que el consejero de Sanidad apueste por romper y enfrentar a los diferentes equipos de profesionales de Sanidad, beneficiando a unos y dejando en la cuneta a otros.
Asimismo, ha mencionado la necesidad de que se “se acelere y se siga andando en la planificación de la aplicación de la jornada semanal de las 35 horas -prevista para el uno de junio- en todos los colectivos y servicios; o a las “deficientes e insuficientes” medidas del operativo de incendios forestales. Por ejemplo, ni en Soria ni en las demás provincias de la Comunidad, a día de hoy, se ha publicado aún la orden del régimen de guardias que se van a establecer para prevenir incendios, cuando deberían haber estado en abril.
Además, el responsable de CSIF Castilla y León ha recordado al Gobierno regional que está a tiempo de rectificar y de reconducir el preacuerdo sobre el convenio del personal laboral de la Junta, que CSIF no aprobó ni apoyó por tener vacíos y deficiencias serias.
“Si el acuerdo nacional salarial, adjunto a los Presupuestos Generales del Estado, fue el primer acuerdo en el que los trabajadores públicos perdieron poder adquisitivo desde el primer día de su aplicación; con la firma de su convenio colectivo en Castilla y León, la Junta riza el rizo y empobrece aún más sus trabajadores laborales”, ha concluido.
