Suspendida modificación de Cerro de los Moros
El Ayuntamiento de Soria ha celebrado este viernes de forma sorpresiva un pleno extraordinaria para aprobar la suspensión de la tramitación de la modificación urbanística del Cerro de los Moros.
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La suspensión ha sido respaldada con los votos favorables del PSOE y Podemos y el rechazo de los concejales de Ciudadanos y Partido Popular.
Además, previamente, se ha celebrado, también de forma urgente y extraordinaria, una comisión de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente con el mismo fin.
La modificación urbanística se ha paralizado tres días antes de que se cumpla el plazo que tiene el Ayuntamiento para dar respuesta al cambio urbanístico propuesto por la promotora, Pilares del Arlanzón, del empresario Méndez Pozo.
El objetivo de la aprobación de este punto en el pleno es para darle la mayor garantía jurídica posible en un asunto que lleva en el debate público buena parte de esta legislatura.
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha descartado que con una revisión del PGOU se pueda resolver este expediente.
Además ha asegurado que siguen en la línea que marcan los servicios jurídicos del Ayuntamiento con el objetivo de defender el patrimonio municipal, tanto cultural, natural y económico.
“El objetivo en el Cerro de los Moros sigue siendo el mismo: reducir la edificabilidad, cerrar la ciudad en la parte más baja de ese entorno, preservar y conservar y proteger el entorno, junto con las laderas del Castillo y las márgenes del Duero y si es posible hacernos con la propiedad integra”, ha señalado.
El Pleno ha acordado suspender los plazos de tramitación a la espera de la presentación de todos los informes preceptivos.
El responsable municipal ha insistido en el objetivo de buscar el equilibrio entre el cierre y desarrollo de la zona y preservar el patrimonio natural del paraje. “Seguimos defendiendo la conservación del paraje pero también la protección del patrimonio económico municipal”, ha indicado Carlos Martínez encajando en este punto la imposibilidad de denegar hoy la ordenación sin todos los informes jurídicos y toda la documentación preceptiva.
“Además, tenemos ya una reclamación de 1,3 millones de euros y otra sobre la reversión del suelo de la actual depuradora 30 años después, dos derivadas de aquel ‘pecado original’ que supuso el anterior PGOU y el convenio que permitió a un promotor ingresar 42 millones de euros y que deja en el aire esas plusvalías de 1.300 viviendas”, ha resumido.
El 17 de febrero se informó por parte del departamento sobre la imposibilidad de denegar o aprobar esta ordenación ante la falta de todos los informes.
La secretaría general aconsejó para una mayor garantía jurídica tomar el acuerdo de la suspensión de plazos en Pleno y por ello se ha celebrado esta mañana con urgencia.
