El Ayuntamiento insta a Gobierno a solución de fiscalidad diferenciada
El Ayuntamiento de Soria ha aprobado este viernes, en pleno, una declaración institucional en el que insta al Gobierno de España a proceder, en el primer trimestre de 2020, a notificar a la Comisión Europea una fiscalidad diferenciada en Soria, Teruel y Cuenca.
La declaración institucional señala que una vez incluidos estos territorios en el Mapa de Ayudas Regionales, el Gobierno de España debe proceder en el primer trimestre de 2022 y "a ser posible con carácter retroactivo" a notificar a la Comisión Europea un régimen de ayudas de funcionamiento para las empresas situadas en estos territorios poco poblados y que ascienda al 20 por ciento de los costes laborales anuales, al igual que está reconocido a las zonas muy poco pobladas de determinados países nórdicos.
Además, la declaración institucional insta a definir en idénticos plazos el formato en que se concretarán dichas subvenciones y los requisitos que se exigirán a las empresas para ser beneficiarias de las ayudas.
El Ayuntamiento de Soria ha recordado que lleva años trabajando en el reconocimiento de la despoblación y sus consecuencias como un primer paso para conseguir reducir el desequilibrio entre personas y el desequilibrio entre territorios.
El Ayuntamiento de Soria quiso ser en 2015 parte activa de la solución y se apoyó en la catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense, Mercedes Molina, para la redacción de un estudio que sirviera de base para trabajar las citadas reivindicaciones en los distintos ámbitos y supusiera un punto de partida sobre el que trabajar en todas las esferas políticas y de la mano de los partidos con representación europea.
El trabajo de Molina, titulado "La Despoblación Territorial en la Unión Europea: de la crisis presente a la oportunidad futura", determinaba con precisión las causas de la despoblación derivadas esencialmente del modelo territorial de concentración junto al modo de producción de crecimiento intensivo.
Igualmente el documento concluye que el territorio no puede ser considerado una mera unidad administrativa para medir la convergencia a nivel estadio y región y que la renta no puede ser el único criterio o preferente de convergencia y se deben tener en cuenta otros aspectos ambientales, territoriales o sociales.
El supuesto equilibrio estatal o regional reforzaba los desequilibrios internos y la desigualdad de determinados territorios como Soria.
Este trabajo académico unido al trabajo de los agentes políticos en los distintos foros europeos, comenzando por los órganos municipales y acabando en la Comisión, permitió considerar la despoblación como una crisis de territorio, cambiar la unidad de análisis de la UE para aplicar fondos introduciendo el NUTS 3 (provincia) e incluir otros criterios clasificatorios que no fueran sólo la renta.
En julio de 2020 Soria acogió la firma de un acuerdo "histórico" por parte de sus tres presidentes autonómicos para exigir que Soria, Cuenca y Teruel fueran designadas como "zonas más desfavorecidas" en el próximo mapa de ayudas regionales, al cumplir el requisito de baja densidad de población, por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
En mayo de 2021 Emiliano García-Page, Javier Lambán y Alfonso Fernández Mañueco firmaron el denominado Pacto de Albarracín, que recoge que los Gobiernos de las Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han trabajado de forma coordinada con el objetivo común de reducir las desigualdades que se derivan de los desafíos demográficos y mantener la cohesión social, económica y territorial.