Mociones socialistas contra Plan de extinción de incendios
El PSOE presentará mociones en la Diputación y el Ayuntamiento de Soria para instar a la Junta de Castilla y León a la derogación del decreto que aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la comunidad.
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El PSOE reclama consensuar un nuevo proyecto del mismo y dotar presupuestariamente con la financiación adecuada que garantice la implantación de los servicios coordinados así como la creación de un consorcio autonómico, según ha señalado el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, en una rueda de prensa en la que ha explicado que “el equipo de gobierno de la Diputación PP y Cs tiene una papeleta muy complicada porque tendrán que elegir entre defender los intereses de la provincia o los de la Junta cuando la votan. Si votan en contra estarán defendiendo los intereses de sus partidos políticos porque a la institución solo la constitución del parque de tipo 2 en Almazán le supone en coste económico aproximadamente 18 bomberos”.
En este sentido Rey ha deseado que se apoye esta moción y que además “la Junta ponga 10 millones anuales que es lo que yo pedía al consejero cuando era presidente".
El Plan presentado por la Junta de Castilla y León, atribuye a las diputaciones y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (en Soria, la Diputación y el ayuntamiento de la capital) competencias la asistencia en esta materia y protección de incendios el marco competencial.
Según Rey, “a partir de ahí la Junta de Castilla y León ha decidido cómo se tiene que prestar el servicio, ha dicho cuál es el objeto de este plan pero luego al final el gobierno del PP y CS como de costumbre ni está ni se le espera en el tema de la financiación”.
Además ha añadido que, “la Junta dice qué es lo que hay que hacer pero que la Diputación y los ayuntamientos hagan lo que puedan”, porque no tiene un plazo para su implantación y su coste económico se debe adaptar a las posibilidades de las administraciones locales.
Los socialistas han insistido que es “el clásico del PP y Cs yo invito y tú pagas, el modelo de gestión de la comunidad autónoma. Sería hasta jocoso si no estamos hablando de la vida y la seguridad de las personas”.
La ley establece que la Junta pondrá los medios y recursos necesarios y además se constituirá un consorcio de castilla y León “da igual, ya se han hecho la foto y han hecho los mapas y han generado un problema como siempre a las administraciones locales”
Dos modelos
Por su parte la procuradora Virginia Barcones ha detallado las diferencias del modelo para la extinción de incendios de la Junta con el que los socialistas han presentado en las Cortes.
La primera es el acuerdo con los sectores afectados implicados, con los profesionales y los sindicatos con los ayuntamientos y diputaciones que adolece el de la comunidad autónoma.
Otra cuestión fundamental que “pone en las antípodas los dos modelos es la financiación, las cantidades que la Junta de Castilla y León tiene que comprometer para la puesta en marcha de estos servicios” sostiene
Los socialistas han argumentado su oposición al Plan Sectorial puesto encima de la mesa por la Junta porque no garantiza el cumplimiento de las previsiones de la ley 4/2007 y va con 14 años de retraso.
A ello se suma falta de participación y porque carece de evaluación de impacto económico y presupuestario, actualmente Cyl cuenta con 17 dispositivos de bomberos profesionales ya que prevé la implantación de 105 parques de bomberos (13 tipos 1, 24 tipo 2, 26 tipo 3ª y 42 Tipo 3b)
Barcones ha defendido que “estamos más que preocupados viendo cómo el PP y la Junta de Castilla y León no está haciendo correctamente los deberes pero además el dictamen del consejo consultivo. El dictamen del Consejo Consultivo ha calificado el plan sectorial propuesto como inoperativo y que carece de cofinanciación adecuada, proporcional”
“La Junta estima que va a aportar diez millones de euros en cinco años es absolutamente insuficiente, serían necesarios 85 años más para la implantación del modelo de un servicio esencial regulado hace ya 14 años en la Ley 7/2007 Ciudadana en Castilla y León”, ha incidido la procuradora socialista
En conclusión, son 13 años de retraso de las previsiones contempladas en la ley, un “subterfugio” para evitar el cumplimiento de las sentencias que determinan el agente de autoridad como funcionario de carrera de los bomberos, inseguridad jurídica para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cuentan actualmente con operativos de extinción de incendios, la falta de garantía en la prestación de un servicio esencial calificado por el Estatuto de Autonomía. Todo ello evidencia que la Junta de Castilla y León “pretende derivar este servicio hacia la privatización y la precarización, tanto en la prestación del servicio como de la generación de empleo”.
Los objetivos que para el PSOE debería garantizar el Plan Sectorial pasan por consenso y acuerdo con los sectores afectados, la gestión directa, la seguridad jurídica y la garantía de prestación por la financiación de la junta de castilla y León al 50 por ciento como mínimo.
Otro de los requisitos indispensables es que sea un generador de empleo público y cualificado, hacia los bomberos profesionales y funcionarios, que el voluntariado sea complementario, no sustitutivo, igualdad en el medio rural y urbano, la vertebración del territorio.
