Las diputaciones demandan la transferencia de recursos necesarios con delegación de competencia
El Salón de Plenos de la Diputación de Segovia ha acogido la última de las mesas redondas organizadas en torno a la 3ª Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales en la que se ha abordado el ejercicio de las competencias impropias en el ámbito local y se ha analizado la incidencia de la LRSAL en la financiación del ejercicio competencial con Joseph Llobet, miembro del consejo asesor de la Fundación Democracia y Gobierno Local, como moderador.
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Él mismo ha enmarcado esta norma como “una ley que no tuvo el consenso de todos los partidos políticos, pero que pretendía fijar las competencias de la administración local”. Y en su pequeña intervención ha querido dejar claro que “mientras tu propia hacienda permita poderlas realizar, la ley no impide desarrollar las competencias impropias, pero has de justificar por qué lo haces”.
El primero en tomar el turno de palabra ha sido el catedrático de Derecho Administrativo, Alfredo Galán, quien ha identificado tres problemas que tienen las competencias impropias: la delimitación conceptual, la cobertura jurídica y la cobertura financiera. Galán ha querido dejar claro que “una competencia solo puede ser ejercida por aquella administración a la que el ordenamiento jurídico se la ha atribuido. Si la administración actúa sin competencia, la acción realizada es inválida, aunque para eso existen los convenios y demás figuras d colaboración”.
En cuanto al problema de la cobertura financiera ha señalado que “si el ordenamiento jurídico no te atribuye la competencia, tampoco habrá previsto financiación y ese presupuesto puede ir a parar a la administración que la tiene atribuida pero no la ejercita, de ahí la suscripción de los diferentes convenios entre administraciones”. Para el Catedrático “la crisis ha agudizado el problema de la cobertura financiera de las competencias impropias”.
En cuanto a la LRSAL ha señalado que “es una norma diseñada desde arriba para aplicarse hacia abajo y de ahí viene el problema, por lo tanto se debería impulsar una reforma local que vaya de abajo a arriba”.
También ha atribuido la razón de ser de la norma a “hacer frente a una muy delicada situación económica en la que se encontraba España y a la presión de la UE con el riesgo del rescate por lo que no está pensada para dar respuesta a las reivindicaciones tradicionales del mundo local y esa reforma sigue pendiente”.
Con esta tesis se explica, ha dicho, “que las sentencias del Tribunal Constitucional estén desarbolando la reforma que tiene la obsesión de luchar contra las duplicidades y esta obsesión es un error porque algunas duplicidades pueden ser correctas”. Por último, Galán ha insistido en que “el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tensiona el principio de autonomía local”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha abogado por “reclamar una financiación local justa, suficiente, estable y enmarcada”.
Para Carnero, “las competencias impropias son las más propias para las Diputaciones, casi su razón de ser”, ya que estamos hablando de las necesidades que están en el territorio y nosotros como administración más cercana tenemos que atenderlas porque nos las demandan nuestros alcaldes y nuestros vecinos”. También se ha referido el Presidente de Valladolid a las competencias delegadas que no están financiadas en su totalidad diciendo que “tenemos un cajón de sastre lleno de necesidades que tenemos que dar una respuesta cercana y pronta”.
Para Carnero “el avance de la LRSAL es importante per sigue siendo insuficiente. Me importa tener una financiación estable y suficiente porque esa financiación es lo que hará que dejemos de hablar de competencias propias e impropias, ya que tenemos una obligación de dar respuesta pero debemos estar amparados por la financiación”.
En su turno, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, mandó un mensaje muy directo a su gobierno autonómico, “que no nos dé dinero pero que legisle, ya que no puede hacer una legislación como si todo el territorio fuera Zaragoza”.
Gracia ha insistido en que no puede existir “la misma tramitación y el mismo coste para todos los territorios sin atender a sus peculiaridades”. Para él, “la ley ha traído una mayor dificultad en el trabajo del día a día ya que tramitación incordia la gestión permanentemente”. Para Miguel Gracia hay una cuestión fundamental que es “el modelo de territorio y el modelo de la provincia y está claro que la administración de segundo nivel es fundamental para ayudar a los pequeños municipios en las zonas rurales”.
Cercanía
Por último ha intervenido el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey que ha insistido en que “la cercanía a los vecinos es la competencia fundamental de las entidades locales y por eso considero que se hizo una ley que no sirvió para nada, ya que si no se aplican es porque han estado mal concebidas”.
Y es que en este sentido el representante soriano lo tiene claro en afirmar que “las comunidades autónomas se empacharon de competencias en esta guerra permanente de tratar de asumir cada vez más y se olvidaron de delegar algunas en las entidades locales”. Por eso para él es fundamental que “las Comunidades entiendan la importancia de los territorios para que se pueda gestionar desde la cercanía y dar esas respuestas inmediatas que se necesitan a partir de la financiación”.
Como conclusión a sus palabras, ha vuelto a apostillar que “la LRSAL se hizo en el peor momento porque no se puede legislar en época de crisis, por eso creo que es necesario derogar esta ley”.
