La Diputación negocia "acuerdo de mínimos" para liberados

Los partidos políticos con representación en la Diputación provincial de Soria han abierto una negociación de un "acuerdo de mínimos" para contemplar las liberaciones tanto de políticos como de técnicos que debe tener cada grupo político en función de la representación obtenida en las urnas.

Los partidos políticos (PP, PSOE, PPSo y Ciudadanos) se han marcado como objetivo, según ha informado en un comunicado el gabinete de prensa de la institución provincial, separar las liberaciones que deben tener los partidos políticos en función de su representación, en lugar de depender de la decisión que tome el equipo de gobierno de turno.
El PP, que junto con PPSo y Ciudadanos, ha formado gobierno en la Diputación provincial se había comprometido inicialmente con el PSOE a presentarle las liberaciones con las que podía contar en esta legislatura en el pleno de agosto celebrado esta semana.
"Los partidos con representación en la institución provincial quieren sentar de una vez por todas las bases con las que trabajar esta legislatura y que sirvan también para las próximas", ha señalado.
Ahora mismo, y hasta que acabe el año, puesto que así está presupuestado, solo se puede aprobar las liberaciones que vienen recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación, por lo que los socialistas dispondrán hasta diciembre de este año con lo mismo que hace cuatro años ofrecieron al Partido Popular que contaba con once diputados: media liberación de un político y un auxiliar administrativo al 70 por ciento.
El PSOE ha reclamado contar con tres personas liberadas en la oposición, en la que tiene doce diputados, frente a trece diputados del equipo de Gobierno, formado por PP, PPSo y Ciudadanos, que tiene aprobadas ya tres liberaciones, más otra del jefe de prensa.
Para no retrasar más la incorporación de estas dos personas a la plantilla de la Diputación, el presidente Benito Serrano (PP) se ha mostrado favorable a firmar un decreto, sin tener que esperar al próximo pleno.
Los grupos políticos se dan así cuatro meses de plazo para cerrar un acuerdo de mínimos que responda fielmente a las necesidades de los grupos políticos para poder hacer su trabajo, tanto de gobierno como de oposición, sin depender de la decisión arbitraria del gobierno de turno.