Asi se protegió el patrimonio cultural en 2022
El Comité Territorial de Seguridad ha revisado este viernes el trabajo realizado ruante 2022 para proteger el patrimonio cultural de la provincia.
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El Comité Territorial de Seguridad, integrado por la Junta de Castilla y León, la Subdelegación de Gobierno y la Diócesis de Osma-Soria, se ha reunido esta mañana bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, con la asistencia del obispo, Abilio Martínez, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.
El objetivo de este Comité es el constante intercambio de información para reforzar las acciones que coordinadamente se llevan a cabo en materia de seguridad y protección del patrimonio cultural de la provincia.
La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha reconocido la labor realizada por los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, así como la de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, y ha valorado de forma positiva la coordinación en la prevención y la investigación establecida entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad, junto con la Diócesis de Osma-Soria, para la defensa del patrimonio soriano.
En este mismo sentido se han manifestado Abilio Martínez y Miguel Latorre.
Todas las partes se han felicitado por la recuperación de las Coronas de la Virgen de la Blanca, de Noviercas, gracias, en principio, a la participación ciudadana, que posibilitó la paralización de la venta y su recuperación y vuelta a España desde París.
El delegado diocesano de Patrimonio, José Sala, ha informado de pequeños hurtos ocurridos en las iglesias de Castilruiz y San Esteban de Gormaz, y del robo de unas pequeñas piezas (campanillo y relicario) en Armejún.
El teniente coronel jefe de la Comandancia de Soria de la Guardia Civil de Soria, Andrés Manuel Velarde, ha informado de la Carta de Servicios de la Comandancia (primera de Castilla y León), presentada en el pasado mes de octubre, que dedica una parte específica a la protección del patrimonio histórico de la provincia, y ha dado a conocer las actuaciones efectuadas en el último año.
La Guardia Civil ha realizado más de 4.200 servicios de vigilancia del patrimonio histórico y actuaciones de control, mantuvo más de 40 contactos y entrevistas y más de 100 puntos de investigación relacionados con este asunto.
Además, ha recordado que se han registrado cuatro casos de delito: en la iglesia de San Bartolomé, en la de Monteagudo de las Vicarías (grafiti), en el cementerio de Sarnago y en la ermita de San Roque, en San Esteban de Gormaz.
Sí ha querido poner de manifiesto Velarde la reducción en el número de incidentes y que, además, los que se producen son de menor importancia; así como la recuperación de bienes sustraídos en los años 80 del pasado siglo.
La jefa de la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Soria, Elena Mora, ha dado cuenta de la importante labor preventiva que se realiza en la capital, sin que existan actuaciones negativas reseñables.
El jefe del Servicio Territorial de Cultura, Carlos de la Casa, ha informado sobre los hechos delictivos producidos en la provincia en los últimos doce meses y ha dado cuenta de la resolución judicial relacional con el expolio de Calderuela.
En relación a las dos personas denunciadas por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, en febrero de 2020, por el uso de detectores de metales en yacimientos inventariados en Soliedra (se contabilizaron en la zona más de 240 catas), Carlos de la Casa ha informado que desde el Servicio Territorial se incoaron sendos expedientes por la realización de prospecciones arqueológicas sin la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, con sanciones de 1.000 euros y 500 euros, respectivamente, y que ambos casos se encuentran en procedimiento de apremio.
Por último, también ha informado de la apertura de un expediente a una persona por realizar prospecciones arqueológicas sin la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio en Torrearévalo, ya resuelto con la imposición de una multa de 600 euros, ya saldada.
