Moción en pleno burgense contra la amnistía
En el pleno que el próximo martes celebrará el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, el grupo municipal del Partido Popular planteará una moción contra la Ley de Amnistía.
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En la moción, pide al Gobierno socialista un trato igualitario a los territorios y avisa de los riesgos de romper los logros del 78.
El alcalde Antonio Pardo y los concejales burgenses del Partido Popular consideran que no puede dilatarse más el posicionamiento de los cargos públicos municipales ante estos gravísimos momentos que amenazan los logros de la Constitución.
En su exposición de la moción recuerdan que “los logros conseguidos desde hace décadas en aspectos tan importantes como la convivencia, la igualdad y la solidaridad se ven amenazados hoy por la tan sonada Ley de Amnistía, la cual nos llevará a consagrar la desigualdad entre comunidades y la concesión de privilegios a ciudadanos de ciertos territorios”.
Además señalan que en Europa hay muchas dudas sobre esta ley y que está avisando de “la posibilidad de dejar a España sin ayudas económicas, lo que produciría un verdadero caos económico en nuestro país ya que este Gobierno nos ha metido en una deuda del 117% del PIB” y “sigue despilfarrando y haciendo de España un país cada día más vulnerable”.
También destacan que hay otras decisiones paralelas a la ley que favorecen a algunas regiones como Cataluña o el País Vasco por lo que concluye que la “aprobación de la Ley de Amnistía implica el sometimiento de la nación ante una pequeñísima minoría, conducida por un prófugo de la justicia, como pago de unos pocos votos”.
Lamentan que “España no puede pagar semejante peaje solo para que el señor Pedro Sánchez conserve el sillón de la Moncloa durante unos meses más”.
Por todas estas razones que quedan expuestas en la moción, el grupo popular propondrá al pleno seis acuerdos entre los que está rechazar la Ley de Amnistía y cualquier otro proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios de parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española. Igualmente urge al Gobierno a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y un marco de financiación de ayuntamientos basado en la solidaridad y la equidad.
