Barcones resalta labor "imprescindible" de sector agrario
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha felicitado en Berlanga de Duero a todos “los hombres y mujeres que trabajan en el campo, a los que debemos rendir tributo no solo hoy, día de San Isidro Labrador, sino todos los días porque realizan una labor imprescindible, la de proporcionarnos alimentos y bebidas".
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Barcones ha asistido esta mañana a los actos de celebración de San Isidro Labrador que ha organizado la Junta Agropecuaria de la localidad soriana de Berlanga de Duero.
Barcones ha puesto de relieve “el impulso constante del Gobierno de España al sector agrario, un sector estratégico para nosotros por su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad agraria sostenible”.
La delegada se ha referido a algunas medidas adoptadas para favorecer la actividad de agricultores y ganaderos, como la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública recién publicada en el BOE por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos).
Esta reducción de módulos es una propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que se suma a la del 20 % en el rendimiento neto aprobada para todo el sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción.
“Se estima que todas estas reducciones de módulos –que reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021– puedan implicar una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093 millones de euros, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen, mayoritariamente, el sistema de módulos del IRPF para tributar”, ha indicado la delegada, que ha concretado las cantidades para Castilla y León, donde algo más de 62.000 agricultores y ganaderos se acogieron en 2019 al régimen de estimación objetiva agraria.
“El conjunto de estas medidas puede suponer para Castilla y León una reducción de la base imponible estimada en 105 millones de euros. Unos 43 millones de euros se corresponden con las reducciones de índices de las actividades agrarias, mientras que otros 62 millones de euros serían por la reducción extra del 20 % del rendimiento para hacer frente a la sequía”, ha señalado.
Formación y modernización
Otro de los de los ámbitos abordados por la delegada ha sido el de la formación y la modernización en el medio rural.
“La modernización y la incorporación de las innovaciones tecnológicas y digitales en la producción agroalimentaria, van a posibilitar una transición hacia una agricultura y una ganadería más sostenibles y eficientes, tal y como se recomienda en el nuevo Pacto Verde Europeo”, ha declarado.
En cuanto a la formación, Barcones ha mencionado las subvenciones a programas de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el año 2022, a los que se destina un presupuesto de 1,97 millones de euros, de los que podrán beneficiarse las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones de mujeres rurales y las asociaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales, entidades privadas dedicadas a la formación con o sin ánimo de lucro, y otras entidades que generen y mantengan el empleo en el medio rural.
A estas subvenciones, en el caso de Castilla y León, se suman los 29,5 millones de euros autorizados por el Gobierno para la financiación de los programas de desarrollo rural, dentro de la distribución territorial de más 158 millones de euros entre las comunidades autónomas, “lo que supone otro ejemplo claro de compromiso del Gobierno por continuar con el apoyo financiero a los programas de desarrollo rural y a la agricultura".
Barcones ha mencionado otra importante línea de ayuda del Gobierno de España hacia el sector primario, concretamente con el agroalimentario y su transformación digital.
“Para ello, se ha impulsado un ambicioso conjunto de medidas, que se enmarcan en la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural y de sus planes de acción bienales”, ha apuntado-
PERTE agroalimentario
“Con el PERTE (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) Agroalimentario, el Gobierno pretende fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario, sobre todo en el medio rural, donde el tejido empresarial agroalimentario tiene mayor presencia; fortalecer su competitividad y rentabilidad con medidas enfocadas a la automatización de procesos, sensorización de procesos o sistemas de aprovisionamiento sostenibles; así como la vertebración del medio rural, porque este PERTE tendrá efecto arrastre por su capacidad para desarrollar su actividad en zonas lejanas a núcleos urbanos, atrayendo empleo y servicios colaterales, como transporte y restauración, y actuará como generador socioeconómico del entorno rural”.
“Este PERTE –ha añadido– fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero con una dotación de 1.000 millones de euros de inversión pública hasta 2023. El éxito que está teniendo desde que se presentó ha propiciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el pasado miércoles un incremento de 800 millones de euros adicionales para la transformación de la industria agroalimentaria y la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos, elevándose la cifra global hasta los 1.800 millones de euros”.
Este PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal. La previsión es que generará un impacto de más de 3.000 millones de euros en la economía y que permitirá crear 15.000 empleos en el sector.
Acontecimientos globales
Barcones se ha referido también a la repercusión que están teniendo acontecimientos de carácter global como la guerra de Ucrania, en las economías locales, subrayando la respuesta que está dando el Gobierno de España para paliar las consecuencias “con una serie de medidas destinadas a proteger a los sectores más afectados, como el agrario, para preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada”.
Entre esas medidas urgentes incluidas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que se puso en marcha el pasado mes de abril, Virginia Barcones ha enumerado algunas de las dirigidas al sector primario, “con una incidencia muy directa en Castilla y León, y en Soria, dada la importancia de la agricultura y la ganadería en la economía de la comunidad autónoma y en la provincia”.
En este paquete de medidas, se destinan 193,5 millones de euros para el sector agrario y ganadero y para el sector productor de leche, 169 millones de euros.
En total, más de 360 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que considerar el añadido de la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos de consumo medio de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones de euros para agricultores y ganaderos.
El sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros en ayudas directas, ya que es uno de los más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania.
De esta cantidad, 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas); 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal); y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).
La norma aprobada por el Gobierno de España también recoge la modificación por la que se exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un 5 % de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación.
Con ello, se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos.
De esta forma, el sector agrario contará con más superficie para producir cereales y oleaginosas y mejorar el suministro de estos productos en España.
