El tercer problema que los ciudadanos perciben en España, según el
último sondeo del CIS, no es ni la inseguridad, ni el terrorismo, ni la
vivienda, ni las amenazadas pensiones. Se trata de la que debería ser la solución para los problemas y se ha convertido en una auténtica preocupación para una buena parte de la sociedad: su clase política. Cuando el Nuevo Año viene con nuevos sacrificios económicos para el ya castigado contribuyente, sigue una parte de la clase política sin aplicarse la responsabilidad que exige a los demás en su comportamiento cotidiano, mientras en la sociedad se extiende la idea de que los dirigentes disparan con pólvora ajena, sin más tutela que el paso por las urnas cada cuatro años. Es hora ya de aplicar la responsabilidad a todos. La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice ya que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público de su administración. Pero la realidad es que cuando las autoridades y funcionarios públicos causan alguna lesión a algún ciudadano, paralelamente causan otra a los intereses generales, sin que se les exija responsabilidad alguna por el perjuicio ocasionado a estos últimos. Lo que no cabe en un Estado social y de Derecho es la consagración de la impunidad, tanto de las autoridades y funcionarios públicos como de los ciudadanos y empresas que incumplen los dictados legislativos. Todos ellos deben sufrir las consecuencias de su posible dejadez. De lo contrario se sientan las bases para debilitar y falsear la vigencia efectiva del principio de legalidad dispuesto en la Constitución.
